La decisión de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de anular el tratado de extradición con Estados Unidos generó una avalancha de reacciones de sociedad civil, diputados de la oposición y sector privado, entre otros.

"He ordenado al Canciller Enrique Reina denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos", anunció Castro la tarde del miércoles, exactamente a las 2:00 de la tarde, en su cuenta de X (antes Twitter).

Castro justificó la medida en la "intolerable" injerencia e intervencionismo de los Estados Unidos, después de que trascendieran unas declaraciones de la embajadora Laura Dogu en torno a una reunión que sostuvieron funcionarios hondureños con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, acusado de narcotráfico en el país norteamericano.

Menos de tres horas después del anuncio de Castro, a las 4:45 de la tarde, el canciller Reina publicó en X la comunicación enviada a la Embajada de Estados Unidos en la que da por terminado el tratado de extradición.

Rechazo a decisión de Castro

Entre las reacciones a la inusitada medida, está la del exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, quien la calificó como "gran retroceso para Honduras".

El jurista peruano se preguntó cuál puede ser "una razón objetiva para impedir la extradición" y consideró que con ello "se alienta el crimen y la impunidad".

"Nos salió peor el remedio que la enfermedad. Me resistía a creer que la cúpula de libre fuese igual de corrupta que la del Partido Nacional", publicó en X Gabriela Blen, integrante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ).

Blen fue una de las figuras que impulsó a partir del 2015 las marchas de los indignados contra la "narcodictadura" del gobierno de Juan Orlando Hernández, conocido como JOH, y a favor de la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

También de sociedad civil reaccionó la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, para quien "denunciar el tratado de extradición, es verse de cuerpo entero ante el espejo de la narcodictadura anterior".

La Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ) emitió un comunicado exhortó a la presidenta Castro, diputados y Corte Suprema de Justicia, "reflexionar y anteponer los intereses de la nación".

El exdiputado por el Partido Anticorrupción (PAC) Aníbal Cálix, miembro del Frente Parlamentario en Apoyo a la CICIH, publicó este jueves que "por primera vez en mi vida, he visto asociada la palabra 'Dignidad' con la protección de narcotraficantes", en alusión a la narrativa que ha manejado el oficialismo para defender la anulación de la extradición.

El diputado por el Partido Liberal, Jhosy Toscano, publicó también en X que "se les cayó por completo el discurso, engañaron a un pueblo noble que creyó en la refundación, no son más de lo mismo, son peores".

El parlamentario, que llegó al Congreso Nacional por el Partido Salvador de Honduras (PSH), agregó que "mejoraron el manual de JOH para blindarse, actúan con premeditación alevosía y ventaja en contra del pueblo que les confió el voto".

También la diputada del PSH Fátima Mena se sumó a las reacciones en redes sociales. La extradición "es lo más cercano que hemos tenido a la justicia", señaló la congresista.

De su lado, la diputada Maribel Espinoza, precandidata presidencial por el Partido Liberal, se preguntó si para el Gobierno "la autodeterminación" significa "proteger a narcos", y recordó que gracias al tratado de extradición fue posible la condena del primer presidente hondureño narcotraficante, en referencia a JOH.

Por su parte, el ex fiscal general Edmundo Orellana recordó que la extradición esa hasta ahora "el instrumento más efectivo" para enfrentar el narcotráfico, un fenómeno transnacional.

El abogado y analista Joaquín Mejía Rivera apuntó que la extradición "no tiene nada que ver con injerencia política ni cuestiones ideológicas", sino que es una herramienta de cooperación entre Estados para evitar que actos ilícitos transnacionales queden en la impunidad.

En términos similares se pronunció el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé: "Nada tiene que ver el narcotráfico con la ideología", y consideró que si el malestar del Gobierno era con Dogu "la hubieran declarado non grata", pero "más parece que lo que buscaba era una excusa para proteger el narcotráfico".

"Nos prometieron traer la CICIH para combatir la corrupción. Lo que nos dieron fue eliminar la extradición para proteger narcos, delincuentes y familiares", publicó en X el ex designado presidencial Salvador Nasralla, precandidato presidencial por el Partido Liberal.