Para Rafael Armando Mejía, salir a la calle es un motivo de preocupación. Los asaltos y la delincuencia cambiaron su percepción de seguridad.
“La inseguridad golpea duro, hasta miedo da andar en la calle porque afloran los asaltos”, expresa.
Su preocupación retrata una realidad que enfrentan muchos hondureños: el temor de convertirse en víctimas de la delincuencia durante sus actividades cotidianas.
Mayra Sierra tiene otra experiencia que contar. Asegura que delincuentes ingresaron a su vivienda y que, cuando necesitó ayuda, la Policía no respondió.
“Este año ha sido duro con los robos, asaltos, a mi casa se metieron y la policía no llegó”, relata.
Ambos testimonios ponen rostro a una de las mayores exigencias ciudadanas: recuperar la seguridad en Honduras y garantizar que las autoridades respondan cuando las personas necesitan protección.
En ese escenario, la Policía Nacional lanzó una advertencia a las estructuras criminales que operan en el territorio hondureño.
“Entréguense o serán perseguidos”, declaró el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, al anunciar que mantendrán las operaciones contra estos grupos.
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Seguridad: la Policía busca llegar hasta quienes dirigen las estructuras
Pero detrás de esa advertencia surge una pregunta: ¿cómo pretende la institución convertir sus anuncios en resultados que puedan percibirse en las calles?
La ofensiva policial no se limitaría a capturar integrantes de maras y pandillas que operan en barrios y colonias.
Las autoridades anunciaron investigaciones dirigidas a identificar cabecillas, financistas, colaboradores y personas que participan en la organización de actividades ilícitas.
La estrategia contempla afectar la capacidad económica y operativa de estas estructuras, además de impedir que hagan presión sobre determinadas comunidades.
Entre los grupos señalados por la Policía figuran la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo.
Oseguera Mass sostiene que la institución mantendrá las investigaciones y operaciones contra quienes dirigen estas organizaciones.
El desafío consiste en identificar sus redes de funcionamiento, reunir pruebas y presentar los casos ante los tribunales.
No basta con detener a quienes aparecen vinculados a un hecho delictivo. Las investigaciones también deben establecer responsabilidades individuales y conexiones entre los distintos participantes.
Ese trabajo requiere inteligencia, coordinación entre instituciones y expedientes capaces de sostener las acusaciones durante los procesos judiciales.
De los anuncios a las primeras capturas
La nueva etapa de la ofensiva tiene antecedentes recientes, desde marzo de 2026, las autoridades aseguran que ejecutan acciones contra el crimen organizado.
El 16 de octubre, la Policía anunció el despliegue de altos mandos en puntos estratégicos del territorio nacional.
La decisión busca aumentar la supervisión directa de los operativos y mejorar la capacidad de respuesta en zonas consideradas prioritarias.
También se puso en marcha una fase de 70 días de la estrategia conocida como Operación Escudo, cuya ejecución está prevista hasta el 31 de diciembre.
Para enero de 2027, la institución proyecta una nueva etapa que permita mantener la presión sobre las organizaciones criminales.
Según el balance policial del 26 de octubre, desde el 21 de septiembre se contabilizaban 147 personas detenidas, de las cuales 60 estaban señaladas por presunta vinculación con asociaciones terroristas.
De estas últimas, 40 recibieron auto de formal procesamiento y otras 20 estan pendientes de audiencia judicial.
Las autoridades vinculan a 30 de los detenidos con la MS-13, a 26 con la Pandilla 18 y a cuatro con el denominado Cártel del Diablo.
La inteligencia policial entra en una etapa decisiva
Uno de los componentes de la estrategia consiste en identificar territorios donde las organizaciones criminales mantienen presencia o desarrollan actividades ilícitas.
La Policía asegura que sus operaciones se apoyan en información de inteligencia, investigaciones y seguimiento de personas presuntamente vinculadas con estas estructuras.
Se busca conectar información que permita identificar integrantes, establecer relaciones entre sospechosos y documentar actividades delictivas.
Otro propósito es evitar que las estructuras se reorganicen después de las capturas o trasladen sus operaciones hacia comunidades con menor presencia policial.
El director de la DAET, Jorge Daniel Molina, ha advertido sobre posibles desplazamientos de integrantes de estas organizaciones hacia sectores cercanos a Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El otro frente: robos y asaltos que afectan al ciudadano
Mientras las autoridades concentran parte de sus esfuerzos en desarticular organizaciones criminales, los testimonios ciudadanos muestran otra dimensión de la inseguridad.
Rafael Armando Mejía no habla de cabecillas ni de estructuras financieras, habla del miedo a caminar por las calles.
Mayra Sierra tampoco reclama una operación de gran escala, su experiencia está marcada por el ingreso de delincuentes a su vivienda y la ausencia de auxilio policial que denuncia.
Ambos casos evidencian que la lucha contra la criminalidad debe responder también a los delitos cotidianos.
Los robos en viviendas, los asaltos a peatones y los hechos que afectan a pequeños negocios requieren prevención, patrullaje, investigación y atención oportuna.
Una estrategia contra estructuras organizadas puede contribuir a reducir determinados delitos, pero sus resultados no deben confundirse automáticamente con una mejora general de la seguridad ciudadana.
El reto de recuperar las calles y la confianza ciudadana
La ofensiva policial llega en un momento en que las autoridades buscan fortalecer sus herramientas legales y operativas contra la criminalidad.
La advertencia de Oseguera Mass plantea una postura institucional frente a maras, pandillas y otras estructuras investigadas.
Pero el alcance de esa estrategia tendrá que medirse también desde la experiencia de quienes viven con temor.
Recuperar las calles significa que las personas puedan desplazarse, trabajar, abrir sus negocios y permanecer en sus viviendas sin sentir que están desprotegidas.
Significa también que la presencia policial no dependa únicamente de operativos extraordinarios, sino de una capacidad permanente de prevención y respuesta.
La advertencia de la Policía se lanzó, pero todavía falta responderle a Rafael Armando Mejía, que teme salir a la calle, y a Mayra Sierra, que quiere ver una patrulla pasando por su barrio.
Porque recuperar las calles no consiste solamente en perseguir estructuras criminales, es, sobre todo, devolverle a los hondureños la seguridad.
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