La Red por la Defensa de la Democracia (RDD), en un pronunciamiento, expresó su preocupación por la suspensión de sesiones en el Congreso y llamó a los diputados a "superar la parálisis legislativa".
Esta coalición de organizaciones de Sociedad Civil, de Universidades tanto privadas como públicas y empresarios, lamenta la falta de consensos para la elección del fiscal general y adjunto.
"Observamos con preocupación la suspensión indefinida de las sesiones del pleno del Congreso Nacional. Desde el 1 de agosto de 2023, fecha en la que la Junta Proponente entregó al Congreso la lista de cinco candidatos, este solo ha sesionado durante ocho días", señala la RDD.
Hasta hoy, han transcurrido 46 días y el Congreso sigue sin sesionar. En años anteriores, ese Poder del Estado ha celebrado entre 70 y 80 sesiones ordinarias al año; sin embargo, a dos meses y medio de finalizar el 2023, el Congreso solo ha realizado 42 sesiones ordinarias.
"La ratificación de la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la implementación de una agenda anticorrupción, de aprobación del Presupuesto General de la República, son ejemplos de los pendientes que el Congreso Nacional tiene con el pueblo hondureño", dice la RDD.
Que cumplan
Pero la RDD también exhorta al Congreso al cumplimiento de sus obligaciones, porque la falta de consensos para la elección del fiscal general y adjunto no solo implica un incumplimiento en los términos establecidos por la ley del Ministerio Público, lo que afecta la gobernabilidad y el funcionamiento de la institución, sino que también provoca una parálisis en el hemiciclo que tiene un impacto directo en todos los hondureños.
"Esta parálisis se traduce en problemas en áreas críticas como la salud, educación, seguridad y otros", refieren.
Desde una perspectiva de los Derechos Humanos, la parálisis legislativa "socava los derechos políticos de la ciudadanía al impedir su participación en la toma de decisiones públicas a través de representantes libremente elegidos", señalan.
Por otro lado, expresan que la evidente fragilidad del Congreso Nacional para la resolución de conflictos, son indicadores negativos para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih).
Esto porque el Ministerio Público será la institución de apoyo legal a la Cicih para la investigación de casos y el Congreso Nacional el órgano encargado de aprobar, derogar y reformar el ordenamiento jurídico para una agenda anticorrupción electiva.
Deben elegir
Instan al Congreso Nacional a realizar las elecciones de segundo grado en apego al ordenamiento jurídico.
La RDD insta a los diputados a mostrar su compromiso con el país realizando las elecciones transparentes en los tiempos estipulados por la ley, dejando de lado los intereses particulares y representando la voluntad del pueblo hondureño.
Juan Carlos Aguilar de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), dijo que el Congreso Nacional y su Junta Directiva mantenga cerrado el Congreso Nacional.
"No existe la capacidad de diálogo ni consenso. Es un Congreso paralizado que no legisla para el pueblo, sino que responde a intereses políticos partidarios. El Congreso no funciona desde mayo con la adhesión al CAF."
La Constitución de la República le otorga al Congreso Nacional la responsabilidad de elegir no solo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al fiscal general y fiscal adjunto, sino que además deben elegir a las personas que cubrirán las vacancias en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y juramentar a los nuevos titulares de la Unidad de Política Limpia.
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