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Cuando en 2023 se aprobó una millonaria partida para proyectos sociales en Copán, el anuncio se presentò como una respuesta a la pobreza y al abandono histórico de muchas comunidades. Antes de que existieran cheques, expedientes o supuestos beneficiarios, la red tuvo que construirse desde arriba. La investigación muestra que el fraude en la Secretarìa de Desarrollo Social (SEDESOL), no fue producto del desorden, sino de una secuencia cuidadosamente armada.
Primero, se gestionaron los fondos desde el ámbito político, luego se blindaron desde la institución, después se fabricaron documentos para simular legalidad y, finalmente, se organizó el cobro del dinero.
Cada etapa dependía de la anterior y ninguna funcionó sin coordinación. Así se creó un sistema cerrado que permitió que los recursos públicos circularan sin controles reales, hasta convertirse en un mecanismo de saqueo sostenido.
Ahí nació la red.
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SEDESOL y la puerta política que abrió el sistema
El expediente del Ministerio Público sitúa el origen del esquema en la gestión de la diputada Isis Cuéllar, quien impulsó la asignación presupuestaria y promovió los proyectos que luego servirían como base para los desembolsos.
Desde su posición, canalizó solicitudes, definió beneficiarios y promovió iniciativas que, en apariencia, buscaron ayudar a comunidades vulnerables.
En la práctica, según la acusación, esas gestiones se convirtieron en el primer filtro del fraude. Su papel no era administrativo. Era político. Sin esa gestión inicial, el dinero no habría entrado al circuito.
Era la llave.
El blindaje institucional
Una vez asegurados los recursos, el siguiente paso fue darles cobertura desde el Estado. Ese rol lo asumió el entonces titular de SEDESOL, José Carlos Cardona.
Desde su despacho se creó un reglamento interno, se habilitaron cuentas bancarias y se diseñó un mecanismo administrativo para manejar los fondos. Todo quedó revestido de formalidad legal.
Incluso cuando desde Presidencia se advirtió que SEDESOL no tenía competencias para ejecutar proyectos, el proceso no se detuvo. Las observaciones se ignoraron. Las advertencias quedaron en segundo plano. El fondo siguió operando.
Para entonces, la estructura ya estaba protegida.
La maquinaria interna: fabricar legalidad
Con el dinero habilitado, comenzó la fase más compleja del esquema: convertir el fraude en algo que pareciera normal.
Dentro de SEDESOL, funcionarios de áreas clave empezaron a producir expedientes que simularon cumplimiento.
La Gerencia Administrativa, la Dirección de Monitoreo, la Secretaría General, la Subgerencia de Presupuesto, el Comité Técnico y la Unidad de Transparencia funcionaron como una cadena cerrada.
Según la Fiscalía, Rosy Yanira Martínez administraba los fondos y validaba liquidaciones. Luis Manuel Fernández recibía informes y certificaba supuestos avances.
Jennifer Martínez y Mirza Sánchez participaronn en la tramitación y aprobación.José Manuel Cerrato facilitaba el respaldo presupuestario. Eliud Aguilar, desde transparencia, no activaba alertas.
Mientras, Eleny Galeas y Reniery Fabrizzio Lazzaroni avalaban procesos desde coordinación y monitoreo.
Cada área hacía su parte. También, cada oficina validaba a la anterior. Cada firma reforzó el sistema. Así se fabricó la legalidad.
Expedientes perfectos, proyectos inexistentes
Los investigadores encontraron un patrón repetido en decenas de carpetas.
Cotizaciones idénticas.Facturas con los mismos proveedores.Fechas similares.Materiales iguales.Fotografías genéricas.
Solo cambiaban los nombres. Muchos proyectos nunca existieron. Otros solo funcionaron en el papel. En el terreno, no había obras, no había emprendimientos, no había impacto social.
La fase final: cobrar y desaparecer
El fraude no terminó en las oficinas. Tenía una etapa decisiva: el cobro. Ilsy Baquedano e Iris Pérez, según el expediente, coordinaban a los beneficiarios, los trasladaban a bancos, supervisaban el retiro del dinero y recogían el efectivo.
Luego entregaban materiales mínimos para simular ayuda: bolsas de cemento, sillas, carpas. Lo suficiente para una foto, para un informe, para aparentar legalidad.
El resto del dinero desaparecía.
Una maquinaria construida desde adentro
El caso SEDESOL no es una anécdota de corrupción. Es la radiografía de cómo una institución puede ser utilizada como instrumento de saqueo.
Hubo quien gestionó los fondos, quien los blindó, validó, los cobró y también quien calló. Nada ocurrió por accidente. El dinero no se perdió. Fue dirigido, protegido y encubierto desde dentro del Estado.
Hoy, algunos están ante la justicia. Otros aún no. Pero el expediente ya dejó claro que el saqueo no fue improvisado. Se diseñó, se ejecutó y se sostuvo desde adentro.
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