El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) presentó a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional una propuesta de reformas enfocadas en combatir el financiamiento ilícito y la influencia del narcotráfico en los procesos electorales de Honduras.
Estas reformas son de carácter urgente señalan, por las deficiencias en la ley actual, que no garantiza una correcta fiscalización y deja abiertos espacios que los candidatos a cargos de elección popular aprovechan para fomentar la corrupción y financiar sus campañas con dinero proveniente del narcotráfico.
La propuesta del Cespad tiene como objetivo reducir las probabilidades de fraude electoral y asegurar la rendición de cuentas en el financiamiento de los partidos políticos.
"Nos reunimos con la comisión de asuntos electorales del Congreso, y las propuestas les parecieron muy interesantes. Parece que van a dictaminar las reformas electorales que más convengan, las que tengan más viabilidad política, y las someterán al pleno", confió Osiris Payes, técnico del Cespad.
Para Payes, es crucial que los diputados consideren en estas reformas aquellas orientadas a combatir el financiamiento ilícito en las campañas electorales.
Revisión y actualización de la ley
El exmagistrado del otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dennis Gómez, dice que la ley de financiamiento debe ser revisada y actualizada.
"Existe una denuncia de una organización civil que establece que el 30% del financiamiento en 2021 cerró sin dejar rastro, lo cual no es un buen indicador", comenta Gómez.
Gómez advierte que es una amenaza real que en el proceso electoral de 2025 se repita la situación de no poder rastrear, declarar, auditar, o corroborar una parte significativa del financiamiento.
Filtros
Para Gómez, es vital que los partidos políticos establezcan filtros internos para asegurar que personas con financiamientos dudosos no formen parte de sus filas.
"Los partidos deberían ser los primeros en hacer el tamizaje necesario, pero lamentablemente en la práctica política hondureña no hay intención de imponer esas regulaciones", lamenta.
Además, considera que si se promulgara una nueva ley, más estricta, que le diera a la Unidad de Política Limpia un control más riguroso sobre las campañas, se darían pasos importantes en el proceso electoral hondureño.
Clave selección de personas
Desde la perspectiva del analista Lester Ramírez, el problema no solo radica en el marco legal, sino también en la selección de personas para los distintos cargos.
"La propuesta del Cespad tiene buenas intenciones, y no hay nadie en el país hablando sobre este tema", señala Ramírez.
Sin embargo, sugiere que estas acciones tendrían mayor impacto si se llevaran a cabo en coalición.
Falta de interés en combatir el financiamiento ilícito
Es evidente, según Ramírez, que en Honduras hay una notable falta de interés en combatir el financiamiento ilícito en las elecciones.
Tunota.com buscó la opinión de seis diputados de los partidos Libre, Liberal, Nacional, y PSH sobre el tema, pero solo Ligia Ramos respondió, señalando que en el Congreso solo se discuten tres proyectos relacionados con el materia electoral y ninguno aborda el financiamiento ilícito.
“Solo se discute la Ley del Tribunal de Justicia Electoral, el decreto del uso de las instalaciones del Infop para las elecciones y una ley especial que está en segundo debate sobre el manejo transparente de los fondos del CNE para las elecciones primarias”, explicó Ramos.
Por eso Dennis Gómez subraya la urgencia de aprobar la Ley Procesal Electoral para regular el proceso electoral general y primario, evitando la falta de control y normativa que se evidenció en las elecciones de 2021.
Osiris Payes destaca que el financiamiento de campañas es un tema sumamente sensible, ya que es el mecanismo por el cual los políticos se promueven y se venden a la ciudadanía.
"Este tema es urgente porque la Maccih ya evidenció en sus investigaciones la simbiosis entre el dinero del crimen organizado, el narcotráfico y los fondos públicos", concluye.
