Honduras ha presentado explotación minera en todas las regiones del país desde la época precolombina.
Durante el actual gobierno de Xiomara Castro se han realizado regulaciones a la minería, prohibiendo la minería en suelo abierto, así como los nuevos permisos.
Todo esto debido a la disminución de las áreas protegidas ocasionada por el daño de las minas. Se estima que el 65 por ciento del territorio está concesionado según los datos del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH).
Las tres principales regiones de concesiones de explotación minera son Olancho, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Choluteca.
Mientras, las regiones que se ven afectadas en menor grado por la minería son El Paraíso, Gracias a Dios, Intibucá e Islas de la Bahía.
La problemática de la explotación minera ha alcanzado el grado de invadir tierras indígenas como la de los Chortís en las regiones fronterizas con Guatemala.
La explotación de las minas se centra en su mayoría en extraer no metales como la arena, las piedras preciosas como ópalos y la grava.
Aunque también existe una extracción de metales como el oro, la plata, zinc, cobre y el hierro.
Pese a que la mayoría de regiones del país se ve afectada por la minería, esta no genera una fuente de ingresos viable.
La minería aporta menos del 1 por ciento al producto interno bruto, pero presenta grandes repercusiones en el medio ambiente y áreas protegidas.
Para el año 2018 existían 854 concesiones de exploración y explotación de minería en Honduras, datos no verificados, ya que no existe una fuente oficial.
¿Qué ley regula las regiones donde se ha registrado explotación minera?
La nueva Ley General de Minería fue aprobada en enero de 2013 por el Congreso Nacional de la República, sustituyendo la ley de 1999.
Pese a tener una ley que la regula, esta no autoriza cuando el Estado a quitar o suspender las concesiones que causen daños al medio ambiente.
De igual forma, no establece derechos del uso del agua, es decir, el uso ilimitado de la misma por las empresas mineras.
La ley tampoco establece en qué ocasión o cómo el Estado puede adquirir tierras para la minería.
