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Durante años, las maras y pandillas en Honduras aprendieron a sobrevivir no solo con armas y amenazas, sino también moviendo dinero silenciosamente, utilizando cuentas prestadas, chips anónimos y redes financieras difíciles de rastrear. Ahora, el Estado intenta cerrar esas rendijas.
El Congreso Nacional aprobó un nuevo paquete de reformas penales que busca golpear la estructura que sostiene la extorsión en el país.
La apuesta ya no se concentra únicamente en capturar a quien hace la llamada intimidante o recoge el dinero, sino en desmontar todo el engranaje que permite que las organizaciones criminales operen.
Las nuevas medidas incluyen registro obligatorio para la compra de tarjetas SIM, sanciones para quienes faciliten cuentas bancarias utilizadas por extorsionadores.
Además, mayores penas de prisión y catalogar a maras y pandillas como organizaciones terroristas.
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Honduras pone bajo vigilancia los chips telefónicos
Uno de los cambios más sensibles aprobados por el Congreso Nacional golpea directamente el mercado informal de tarjetas SIM.
Las reformas establecen que las compañías telefónicas deberán mantener un registro verificable y legal de cada persona que compre un chip en Honduras.
Eso significa que las operadoras estarán obligadas a confirmar plenamente la identidad de los compradores y conservar la información para futuras investigaciones judiciales.
Además, las empresas telefónicas tendrán un plazo máximo de 24 horas para responder solicitudes de jueces o autoridades relacionadas con investigaciones criminales e intervenciones de comunicaciones.
Con ello, el Estado intenta cerrar una de las rendijas que durante años permitió que líneas utilizadas en delitos desaparecieran rápidamente sin dejar rastros claros.
El diputado Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, explicó que las reformas buscan cortar los mecanismos que facilitan las operaciones criminales y dificultan las investigaciones.
El dinero de la extorsión entra bajo presión
Las reformas también colocan bajo la lupa a quienes colaboren financieramente con estructuras criminales, aunque no ejecuten directamente las amenazas.
A partir de las nuevas disposiciones, podrán enfrentar sanciones quienes:
- Presten cuentas bancarias
- Retiren dinero procedente de extorsiones
- Participen en transferencias ilícitas
- Inviertan recursos vinculados a actividades criminales
Las autoridades consideran que muchas estructuras delictivas lograron fortalecerse gracias al uso de terceros que servían como puente para mover dinero sin aparecer directamente vinculados a los delitos.
Los bancos deberán entregar información solicitada por jueces o autoridades investigativas en un plazo máximo de diez días hábiles en casos relacionados con criminalidad organizada y extorsión.
La intención es acelerar investigaciones financieras antes de que el dinero desaparezca entre cuentas, retiros o movimientos electrónicos difíciles de rastrear.
Honduras endurece las penas por extorsión
El paquete de reformas también incrementa las condenas por extorsión, las nuevas penas oscilarán entre 15 y 20 años de prisión, aunque podrán aumentar cuando participen menores de edad, personas con discapacidad o individuos en condición de vulnerabilidad.
Pero el endurecimiento más fuerte aparece en los casos donde la extorsión termine provocando una muerte.
Las reformas abren la puerta a castigos mucho más severos, incluyendo la posibilidad de prisión perpetua en determinados escenarios agravados vinculados a este delito.
Maras y pandillas bajo figuras vinculadas al terrorismo
Otro de los puntos más fuertes del nuevo paquete legal es que permitirá perseguir a maras y pandillas bajo figuras relacionadas con terrorismo.
La medida busca ampliar las capacidades del Estado para investigar, judicializar y sancionar estructuras criminales consideradas responsables de generar terror, desplazamiento y violencia sistemática en distintas regiones del país.
En paralelo, dentro del nuevo esquema de seguridad también se plantea fortalecer la coordinación entre fiscales, jueces, cuerpos de inteligencia, Policía Nacional y Fuerzas Armadas para enfrentar de forma más integrada a las estructuras criminales.
La propuesta contempla la creación de una Agencia Nacional contra el Crimen como articulador estratégico contra maras, pandillas y redes del crimen organizado.
Las autoridades reconocen que muchas investigaciones sobre extorsión y crimen organizado se ralentizan por la fragmentación de información entre distintas dependencias del Estado.
Porque las maras cambiaron hace tiempo su forma de operar. Y Honduras ahora intenta perseguirlas no solo en las calles.
Van detrás de un chip telefónico, una cuenta bancaria y las rutas silenciosas del dinero que alimenta la violencia.
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