Un juez designado declaró con lugar la solicitud de remitir el expediente del caso Pandora al Juzgado Penal en Materia de Corrupción, pedida por el Ministerio Público, porque los imputados no ostentan altos cargos públicos, se informó desde el Poder Judicial.
En el caso son acusados el exministro de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado, y los señores Norma Montes, Velkys Hernández, Laura Arita y Fernando Suárez, por delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, indicó que el caso Pandora se encuentra en la etapa de audiencia preliminar, por lo que el proceso penal continuará en el Juzgado Anticorrupción.
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El caso Pandora involucró inicialmente a 38 funcionarios, entre diputados y exdiputados por la presunta malversación de fondos por más de 282 millones de lempiras, no obstante, la mayoría quedaron sobreseídos de manera definitiva.
Pandora refiere al desvío de recursos de la SAG y Secretaría de Finanzas para proyectos agropecuarios, agroindustriales, hortícolas, a favor de madres jóvenes y, para fortalecer políticas agroalimentarias en varios departamentos del país.
No obstante que, esos recursos que supuestamente iban a ser manejados por las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (FAPER) y Partido Liberal (PL).
Según la investigación, el monto de 282 millones 016 mil 175 lempiras habría sido destinado a financiar campañas políticas en 2013 y otros gastos personales de los implicados.
Parte de los fondos se habrían utilizado para financiar la “tarjeta cachureca”, se entregaron recursos a coordinadores de campaña del Partido Nacional para el día E (elecciones del 24 de noviembre de 2013), se compraron dos oficinas en el edificio Metrópolis y se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99 millones 030 mil lempiras, señaló la Fiscalía del Estado.
