Roberto Herrera Cáceres, ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y jurista internacional, señaló que la situación que se esta viviendo en el Congreso Nacional, afecta directamente al pueblo, sociedad o población de Honduras.
"El pueblo o sociedad ha confiado a sus diputados para integrar el Congreso Nacional y ejercer colectivamente del Poder Legislativo del Estado", señala.
Herrera considera que, "aumenta la frustración ciudadana por la crisis interna en el Congreso Nacional, a causa de intereses particulares y de acciones contrarias al Estado democrático de Derecho. Están alejándose crecientemente de la representatividad directa que sociedad, pueblo o ciudadanía confiamos inicialmente a dichos diputados", lamenta.
El ex Ombusman dice que los diputados deben ante todo tener actitudes y comportamientos dirigidos al objetivo superior de proteger la dignidad humana y el bienestar común de toda la población.
Que cumplan
"Es deber ineludible de la ciudadanía exigir el cumplimiento de la representatividad legislativa que originalmente hemos confiado a cada diputado", aseveró.
Una representatividad que debe ser consistente aseguró con la libertad a la diversidad de opiniones, respeto digno mutuo, prudencia, tolerancia y diálogo.
"Se debe debatir y adoptar válidamente decisiones, por lo cual se debe respetar a cada diputado, el derecho a participar en el debate y la aprobación de todo acto legislativo”, expresa.
Ministerio Público
Considerando los diferentes escenarios mediáticos y el impacto negativo de esta crisis interna, el Ombudsman hondureño, estimó que; tenemos además el derecho a defendernos y protegernos por medio de las instituciones como el Ministerio Público.
"Es un órgano del Estado creado para: representar nuestros intereses generales como sociedad, población o pueblo; para asegurar la correcta y eficaz impartición de la justicia", apuntó Roberto Herrera.
Y agregó: "ese Ministerio Publico recibió rango en la Constitución a partir del 2010, con su ley que es complementaria a la Constitución cuya supremacía orienta a su objetiva interpretación con leyes que la completan eficazmente”, detalló.
Herrera Cáceres, sostiene que: esa disposición normativa prohíbe toda injerencia político-partidista en las elecciones de los titulares y en el funcionamiento independiente de éste órgano profesional.
"La ley del Ministerio Público prevé expresamente la sustitución por el fiscal general Adjunto, en caso de ausencia definitiva y, a falta del fiscal general adjunto, la sustitución es por el Director General de la Fiscalía", señaló.
No había ni hay legalmente cargos o casos de falta absoluta de titulares del Ministerio Público que requieran de la elección de otras personas para servirlos por algún tiempo, refirió.
"Al contrario, ello contribuye a poner más de manifiesto el incumplimiento actual del deber y responsabilidad de los miembros del Congreso Nacional de lograr, mediante el voto particular de cada diputado y la mayoría calificada la elección de los funcionarios", dijo.
El 1 de noviembre de 2023, el Congreso Nacional a través de una Comisión Permanente integrada por nueve diputados, eligió como fiscal general interino a Johel Zelaya y como fiscal adjunto a Mario Morazán.
LEA: CIDH pide al Congreso Nacional nombrar a fiscal general y adjunto con el debido proceso
