El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, recibió este miércoles medidas distintas a la prisión preventiva durante la audiencia de declaración de imputado.
Hernández enfrenta un proceso judicial por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra Galeas, así como de José Adán López, la libertad de prensa y la libertad de expresión ejercida por periodistas y comunicadores sociales.
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El general en condición de retiro llegó a los tribunales bajo un fuerte resguardo de seguridad, donde conoció las acusaciones formuladas en su contra por el Ministerio Público.
Tras la audiencia de este miércoles, el general Hernández continuará el proceso bajo medidas como firmar una vez al mes en los juzgados, no salir del país y no tener comunicación con los cuatro ofendidos.
La próxima audiencia está programada para el 1 de septiembre, según la información proporcionada sobre el caso.
Publicaciones contra periodistas
La investigación tiene como antecedente un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público el pasado 29 de julio, relacionado con publicaciones difundidas durante 2025 y 2026 en un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas.
Entre los contenidos bajo investigación figura una publicación del 26 de mayo de 2025, titulada 'Sicarios de la verdad', en la que se realizaron señalamientos contra los periodistas mencionados anteriormente.
La publicación incluía además cinco páginas con contenido dirigido contra los comunicadores. Los periodistas y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) denunciaron el material al considerar que formaba parte de una campaña de desacreditación.
Antecedentes de confrontación con medios
Durante su gestión como jefe del Estado Mayor Conjunto, Hernández también protagonizó otros episodios de confrontación con medios de comunicación.
Entre ellos se encuentran intentos de presentar querellas contra 12 medios y solicitudes para que algunos de estos revelaran sus fuentes informativas.
Estas acciones fueron cuestionadas por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, que manifestaron preocupación por posibles afectaciones al ejercicio periodístico y al derecho de los comunicadores a mantener la reserva de sus fuentes.
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