Al menos 60 unidades de la ruta Ulloa-Mercado suspendieron este jueves sus servicios como medida de presión y autoprotección, luego del atentado armado contra un bus "rapidito" que dejó tres personas heridas: dos pasajeros y el cobrador.

El dirigente del transporte Wilmer Cálix denunció que los ataques serían responsabilidad de una nueva estructura criminal que ha comenzado a extorsionar a esta ruta urbana.

La extorsión "es un cáncer que va creciendo. Este nuevo grupo criminal inició con esta ruta de la Ulloa-Mercado, pero seguiría con las demás si no se actúa pronto. Hay que frenar esto", dijo Cálix en el noticiero Telenoticias Matutino de Canal 5.

Cálix cuestionó la efectividad del estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, al señalar que "ha quedado como nombre y figura". Según él, no ha habido reformas ni regulación efectiva en la venta de chips telefónicos ni en el uso de billeteras electrónicas, dos elementos clave en las operaciones de extorsión.

"El sector transporte ya no tiene de dónde pagar. El gobierno nos debe subsidios, no se revisan las tarifas, los costos de operación son altos, y además estamos lidiando con asaltos a los pasajeros", declaró Cálix.

Elementos de la Policía Nacional intervinieron la colonia José Ángel Ulloa, pero pese a eso los operarios del transporte no laboraron. Los vecinos deben caminar hasta el anillo periférico para tomar taxis u otros buses que los lleven a sus centros de estudio o trabajo.

Amenaza de extorsión persistente

Solo en lo que va del año, el sector transporte ha desembolsado cerca de 250 millones de lempiras en extorsión, según cifras del gremio.

Aunque Cálix reconoció una disminución en asesinatos de conductores y cobradores, aseguró que el pago de extorsión sigue igual : entre 40 y 50 millones de lempiras mensuales, lo mismo que pagaban antes de la vigencia del estado de excepción.

"El llamado es a las autoridades: necesitamos investigaciones reales, saber quién está detrás. Tegucigalpa y San Pedro Sula están bajo amenaza por estructuras criminales que quieren poner de rodillas al transporte urbano", agregó.

Gobierno responde

Por su parte, el comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, aseguró que no es posible determinar con exactitud cuánto paga el sector en extorsión, y que muchas de esas cifras que manejan los operadores del rubro podrían ser especulativas.

No obstante, afirmó que algunos operarios han reportado una reducción en los cobros, gracias a la colaboración con las autoridades.

Barahona también responsabilizó a diputados de oposición por frenar iniciativas que buscan regular la venta de chips y el uso de billeteras electrónicas, medidas consideradas clave para desmantelar redes extorsivas.

En cuanto al subsidio, el funcionario aseguró que en el primer trimestre de 2025 el gobierno ha desembolsado casi 400 millones de lempiras en concepto de bono compensatorio para mantener la tarifa de 13 lempiras en los buses urbanos.

Sin embargo, Cálix afirmó que, aunque se les han pagado nueve meses de subsidio —seis correspondientes a 2024 y tres de 2025— la falta de un decreto que garantice pagos puntuales genera incertidumbre en el sector.

Nuevas acciones

El dirigente advirtió que la próxima semana podrían tomar nuevas acciones si no se da respuesta a sus demandas, entre ellas el pago completo del subsidio y medidas concretas contra la ola de violencia que afecta al transporte urbano.

Wilmer Cálix no descartó que más rutas urbanas suspendan el servicio urbano en Tegucigalpa "para no poner en riesgo a nuestros empleados ni a los usuarios".

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