La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha admitido a trámite este viernes la mayoría de los recursos de amparo y de inconstitucionalidad interpuestos contra el Decreto Legislativo 58-2025, promovido por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
Esta decisión, tomada por unanimidad por los magistrados de la Sala, abre la puerta a un análisis exhaustivo sobre la legalidad del decreto, el cual ha generado gran controversia en la política hondureña.
El Decreto 58-2025, aprobado el 8 de enero de 2026, ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un recuento general “voto por voto” de las 19,167 juntas receptoras de las elecciones generales de 2025.
Este decreto ha sido rechazado por varios sectores políticos y jurídicos que aseguran que vulnera el orden constitucional al permitir un escrutinio adicional sin justificación legal, poniendo en duda la transparencia y la legitimidad del proceso electoral ya declarado por el CNE.
La decisión de la Sala Constitucional de admitir los recursos interpuestos implica que los mismos cumplen con los requisitos formales necesarios para su análisis y resolución.
Opiniones divididas por el Decreto 58-2025
En este contexto, el máximo órgano constitucional del país ahora debe pronunciarse sobre la validez del decreto, que fue aprobado por el Congreso Nacional y contó con el respaldo de la presidenta de la República, Xiomara Castro, durante una reunión del Consejo de Ministros el 11 de enero.
La iniciativa ha generado opiniones divididas entre el Gobierno y la oposición. Mientras que sectores oficialistas defienden la necesidad de un recuento completo para garantizar la transparencia, juristas y miembros de la oposición califican la aprobación del decreto como ilegal, señalando que el Congreso no tiene facultades para certificar los procesos electorales una vez que estos han sido declarados por el CNE.
Además, algunos sectores alertan sobre las implicaciones constitucionales de esta decisión, asegurando que podría afectar la estabilidad de las instituciones del país.
El debate sobre el Decreto 58-2025 también ha llamado la atención de organismos internacionales, que han expresado su preocupación por la posible afectación de la democracia y la institucionalidad en Honduras.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y varios países latinoamericanos, incluyendo Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Panamá, han instado al respeto por los resultados oficiales del CNE y a no debilitar las instituciones democráticas del país.
Hasta el momento, al menos cuatro recursos de inconstitucionalidad y de amparo han sido presentados ante la Corte Suprema de Justicia, y la oposición continúa insistiendo en el desconocimiento del Decreto 58-2025, llamando a otras instituciones del Estado a acatar la resolución final de la CSJ.
A pesar de la polémica, se espera que la Sala Constitucional convoque al pleno de la Corte entre lunes o martes de la próxima semana para continuar con el análisis y emitir una resolución definitiva sobre el caso.
