El 22 de agosto de 2010, un joven ecuatoriano herido logró escapar de una bodega abandonada en San Fernando, Tamaulipas, y alertó a las autoridades mexicanas.
Dentro del lugar yacían 72 personas migrantes ejecutadas, atadas de pies y manos. Sus cuerpos mostraron signos de tortura.
Entre las víctimas había 26 hondureños, además de ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Ecuador, Brasil e India.
A todos los asesinaron mientras intentaban cruzar México en busca de una vida mejor en Estados Unidos.
El hallazgo se convirtió en un parteaguas: la violencia sistemática contra migrantes quedó al descubierto.
A 14 años del hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes ejecutados en San Fernando, Tamaulipas, once personas fueron finalmente condenadas por su participación en la masacre.
San Fernando y la "verdad oficial"
En su momento, el gobierno atribuyó la masacre al crimen organizado, particularmente a Los Zetas.
Fueron consignadas 15 personas, pero solo dos recibieron sentencia, y no por homicidio, sino por delitos menores como portación ilegal de armas y delincuencia organizada.
Eduardo Rojas, de la Fundación para la Justicia, explica que el caso lo trataron sin un enfoque de macrocriminalidad.
No se investigaron los posibles vínculos entre autoridades y redes de tráfico de personas o narcotráfico.
Tampoco se ahondó en la responsabilidad de empresas de transporte que movilizaron a los migrantes.
“San Fernando no fue un hecho aislado, fue parte de un patrón de violencia sostenida contra personas migrantes. El Estado mexicano no garantizó ni verdad ni justicia”, sentenció.
Wilmer y Marvin: identificados, pero olvidados
La impunidad no solo se mide en falta de castigo, sino también en la negligencia forense y el abandono institucional con que se trató a las víctimas.
A muchos de los cuerpos los enterraron como desconocidos, sin pruebas genéticas ni cumplimiento de protocolos internacionales.
Uno de los casos más dolorosos es el de Wilmer Gerardo Núñez, un hondureño que portaba su credencial de manejo y tenía tatuado el nombre de su hija.
A pesar de esos elementos, su cuerpo permaneció sin identificar durante más de ocho años. Solo en noviembre de 2018 lo repatriaron a Honduras.
Otro caso es el de Marvin Leodán, cuyo cuerpo lo encontraron con documentos que permitían su identificación inmediata.
Sin embargo, por errores y omisiones en el proceso, su familia recibió su cuerpo hasta el 8 de septiembre de 2017, siete años después de la matanza.
Una comisión forense para enfrentar el olvido
Ante la negligencia del Estado mexicano, en 2013 se creó la Comisión Forense, un mecanismo híbrido entre organizaciones civiles y gobiernos de México, Honduras, El Salvador y Guatemala, que buscó subsanar las fallas en el proceso de identificación.
Gracias a esa comisión, tres víctimas hondureñas fueron finalmente identificadas y repatriadas: una en 2014, otra en 2017 y otra en 2018.
Pero los esfuerzos siguen siendo insuficientes. Hasta hoy, solo 63 de los 72 cuerpos están plenamente identificados.
Los restos de nueve personas (ocho hombres y una mujer) siguen sin nombre.
Masacres que se repiten, protección que no llega
Desde la masacre de San Fernando, la ruta migrante se tiñó de más sangre. En el año 2011 se hallaron 48 fosas clandestinas en el mismo municipio con 195 restos humanos.
Mientras que, en 2012, 49 torsos fueron abandonados en Cadereyta, Nuevo León. En 2014, ocurrió la masacre de Güémez. En 2021, la de Camargo.
A pesar de la gravedad de estos hechos, no hay una reestructuración real del Instituto Nacional de Migración (INM).
Al contrario, a la institución la militarizaron y hoy más del 30% de los 100 mil efectivos de la Guardia Nacional se emplean para tareas de contención migratoria, no de protección.
Existen denuncias por abusos sexuales, detenciones arbitrarias y omisiones, pero no hay avances en la investigación de las responsabilidades estatales.
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Masacre de Tamaulipas, una herida abierta
Quince años después, San Fernando sigue siendo una herida abierta. Para las familias hondureñas, cada aniversario les recuerda la injusticia.
No solo les arrebataron a sus seres queridos: también les negaron la verdad, el derecho a la memoria y la posibilidad de cerrar el duelo.
Las vidas de Wilmer, Marvin y los otros 24 hondureños no pueden quedar sepultadas en la impunidad.
Recordarlos con nombre, exigir justicia y visibilizar el dolor de sus familias es hoy un acto de dignidad ante un sistema que los abandonó.
