Lo que parecía una simple promesa de campaña terminó dividiendo a un municipio entero. En San Manuel de Colohete, departamento de Lempira, la construcción de una carretera por parte del gobierno local, en una zona considerada área protegida, abrió un conflicto entre el alcalde Elder Mejía y su propia gente.
La investigación realizada por InSight Crime expone cómo decisiones que se tomaron sin consulta previa pusieron en riesgo una fuente vital de agua y encendieron la chispa de la resistencia comunitaria en uno de los municipios más vulnerables del occidente hondureño.
San Manuel de Colohete: la carretera despertó al pueblo
A las 4:00 a.m. del 26 de enero de 2024, el rugido de una excavadora despertó al barrio San Juan.
La máquina avanzó sobre el terreno rocoso, bordeó la microcuenca “El Rancho”, una fuente hídrica que abasteció durante décadas a decenas de familias.
Según Fuente de Vida, un colectivo comunitario de San Juan que aboga por la protección del medioambiente y los recursos naturales, la microcuenca “El Rancho” ha sido por años el corazón hídrico del municipio.
No solo abastece de agua a decenas de familias, sino que representa un ecosistema vital para la región.
En 2019, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) declaró formalmente esta zona como área protegida, lo que hace aún más grave, a juicio de los pobladores, que las autoridades locales ignoren su estatus legal.
Pero sin estudios ambientales ni consulta a los vecinos, la municipalidad de San Manuel de Colohete dio luz verde a una carretera que alteraría su ecosistema.
“Eso fue un abuso de autoridad”, dijo Francisco Escalante, exviceministro del ICF. Y para la comunidad, fue una agresión directa a su derecho a vivir.
Elder Mejía, un alcalde que decidió sin consultar
Elder Mejía, maestro y empresario local, llegó a la alcaldía en 2022 con la promesa de cambiar la relación entre el gobierno local y la ciudadanía.
Su cercanía con los vecinos fue bien recibida, pero esa imagen se resquebrajó cuando empezó a tomar decisiones controvertidas.
Entre ellas, impulsar la construcción de dos carreteras que cruzan zonas protegidas: una dentro del Parque Nacional Celaque y otra cerca de la microcuenca “El Rancho”.
Aunque Mejía afirmó que las comunidades exigían esas vías, decenas de vecinos lo contradicen. “Nunca nos consultó. Solo llegó la maquinaria”, dijeron.
Celaque, pactos políticos y presión indígena
La historia se repite en Celaque. Mejía prometió reparar una vía que beneficiaría a cuatro comunidades indígenas.
Al inicio se echó atrás, pero luego reactivó el proyecto, firmó un convenio con las comunidades para simular que la iniciativa no era municipal.
Sin embargo, InSight Crime obtuvo documentos que prueban la participación activa de la alcaldía: más de 400 horas de maquinaria, al menos un millón de lempiras en gastos y respaldo público del viceministro de SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente), Jorge Salaverri.
La carretera se construyó, y la Fiscalía abrió una investigación. Pero mientras las denuncias avanzaron lentamente, Mejía seguía adelante con otros proyectos similares.
Contratos cruzados y silencio institucional
InSight Crime también reveló que Mejía otorgó un contrato de pavimentación por casi dos millones de lempiras a una empresa propiedad del hijo del gobernador de Lempira, poco después de que este ignorara una solicitud para detener la carretera en Celaque. El gobernador es José Teófilo Enamorado.
El alcalde niega cualquier relación irregular. Pero técnicos forestales consultados aseguran que las comunidades no habrían podido ejecutar esas obras sin respaldo estatal.
“El agua es vida”: la comunidad se levanta en San Juan
En San Juan, la historia se tornó más personal. Óscar Josué*, campesino, recuerda cómo su madre lo envió al río con baldes vacíos. Hoy, defiende la microcuenca que aún provee agua a decenas de familias.
Cuando la excavadora llegó en enero, se organizó la resistencia. Los vecinos hicieron plantones, cabildos abiertos, buscaron apoyo legal y denunciaron el proyecto.
Aunque la corporación municipal aprobó la carretera, e incluso un informe ambiental del municipio la consideró “no significativa”, la Fiscalía intervino, incautó la maquinaria y detuvo temporalmente las obras. La investigación sigue abierta.
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San Manuel de Colohete, una comunidad dividida, una lucha sin tregua
Mejía defiende su obra como una necesidad. “No se ha cometido ningún delito. Todo fue ideológico”, dijo en su respuesta a las denuncias.
Pero para los habitantes de San Juan, la lucha no es política. Es por la vida. “Sé que me hubieran matado ahí haciendo la huelga, pero era por nuestros hijos, por nuestros nietos”, expresó Josué.
Hoy, mientras los ríos bajan con menos fuerza y la tierra muestra las cicatrices de la maquinaria, San Manuel de Colohete sigue dividido entre quienes ven en la carretera una vía al desarrollo y quienes la consideran el inicio de su fin.
