En la sala de los Reyes, cada objeto lleva una historia. La mesa del comedor que es testigo de las risas y oraciones. Las sillas donde descansaron abuelos. El televisor que acompañó a los nietos en tardes tranquilas. Pero, ahora, todo tiene precio. Todo debe venderse porque el TPS parece terminar.
“Lo material se reemplaza, pero lo que no quiero perder es a mi familia”, dice Carolina Reyes, madre de cuatro, incluyendo un bebé recién nacido. Sus ojos no pueden ocultar la angustia.
Ella, sus padres y su hermana están entre los miles de hondureños que vivieron legalmente en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Lo obtuvieron hace más de dos décadas, luego del desastre que dejó el huracán Mitch. Pero ahora, la protección parece terminar. Y con ella, también acabar la vida tal como la conocen.
De la violencia a la esperanza
La historia de esta familia comienza con una huida. En 1997, Doris, madre de Carolina, presenció un asesinato en su barrio en Honduras.
Fue entonces que tomó la decisión: sacar a sus hijas pequeñas del país. “No iba a permitir que crecieran rodeadas de miedo”, explica.
El trayecto a Estados Unidos fue una pesadilla: los coyotes los secuestraron y pidieron rescate.
Finalmente, logró llegar a Texas y reencontrarse con el esposo de Doris, que ya trabajaba en la construcción.
Con la llegada del TPS en 1999, su estatus se legalizó. Trabajaron duro. Doris limpió casas, cuidó niños, sirvió en fábricas.
Criaron a sus hijas, luego llegaron los nietos. Construyeron una familia, una rutina, un hogar. Un hogar que ahora pende de un hilo.
¿Se extenderá o no el TPS?
El 7 de julio, a las siete de la mañana, Doris encendió su teléfono y leyó el comunicado que temía desde hace meses.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunciaba el fin del TPS para Honduras:
“El Estatus de Protección Temporal se diseñó para ser precisamente eso: temporal. Honduras ya superó los efectos del huracán Mitch”.
Ahora, la resolución de una juez que alargó la vigencia del TPS los mantiene entre la esperanza y la incertidumbre. De no aprobarse, ya planean organizar su salida.
"¿Cómo voy a dejar a mis hijos nacidos aquí?”, se pregunta Carolina. “¿Cómo se le explica a un niño que su abuela ya no puede vivir con él?”.
Venden lo que pueden para quedarse
Sin más opción, los Reyes comenzaron a desmantelar su casa. Venden cada mueble, cada electrodoméstico, con un solo propósito: reunir dinero para abogados que les ayuden a pelear por lo que les queda: el derecho a permanecer juntos.
Mientras tanto, Doris ya no duerme bien. Revisa todos los días el sitio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración esperando una prórroga que no llega. Su esposo sigue trabajando en reparaciones del hogar. Ella se encarga de los nietos.
“Es poco tiempo para deshacer una vida entera”, dice. Su voz apenas se escucha sobre los ruidos del bebé que duerme en sus brazos.
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No quieren volver donde ya no tienen nada
Carolina llegó a Estados Unidos cuando era una niña. Su memoria de Honduras es vaga: jugar con tierra, correr entre primos, vivir en una casa modesta.
Pero su realidad está en Washington. En su comunidad. En los cuatro hijos que nunca visitaron suelo hondureño.
No tienen a dónde regresar. Ni casa, ni familia, ni empleo. Lo que tienen está en Estados Unidos. Y ahora, el país que les dio una oportunidad, amenaza con quitárselo todo.
“Solo queremos seguir viviendo donde echamos raíces. ¿Eso es un crimen?”, pregunta Carolina.
El fin del TPS no solo significa un viaje forzoso. Es la ruptura emocional de familias mixtas, donde algunos son ciudadanos y otros ya no tienen derecho a quedarse.
Es la ansiedad de no saber si en dos meses se estará empacando o peleando en tribunales.
Los Reyes lo saben. Por eso venden sus muebles, pero no su esperanza. Pelean por la unidad familiar.
Porque no se trata de papeles ni de políticas. Se trata de seguir abrazando a los suyos al final del día.
