La activista anticorrupción Gabriela Blen señaló este miércoles directamente al excanciller Enrique Reina y a la exministra de Defensa, Rixi Moncada, como responsables del fracaso en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), auspiciada por la ONU.

"Se fueron con la deuda de la CICIH, en la que insistieron que trabajaban arduamente, para finalmente salir con lo que siempre dijimos: culpar a la ONU", denunció Blen a través de una publicación en su cuenta de X.

Blen fue más allá al señalar que Reina y Moncada, como integrantes de la comisión negociadora con la ONU, demostraron "incapacidad para cumplir con la tarea de traer la CICIH al país, por sus evidentes vínculos con los grupos criminales que cooptaron nuevamente los 3 poderes del Estado".

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En un tono tajante, advirtió que el costo político será alto: "esa deuda les cobrará intereses más altos de lo que imaginan, porque el pueblo votó en contra de la corrupción, y cualquier grupo o partido que la encarne, tendrá el rechazo del pueblo en las urnas".

La activista concluyó su posteo en X con una frase lapidaria: "la historia les recordará como los villanos que impidieron que la CICIH se instalara en el país".

Una promesa que se desvanece

El señalamiento de Gabriela Blen ocurre 14 días después que a través de la organización Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia alertara que la esperanza de contar con una CICIH "se desvanece en el corazón del pueblo".

El gobierno de Xiomara Castro firmó en 2022 un Memorándum de Entendimiento con la ONU para instalar la CICIH, considerado un paso decisivo en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, ese compromiso ha sido prorrogado en cuatro ocasiones, y la última extensión vence en junio próximo, sin señales de avances concretos.

En diciembre de 2024, una misión técnica de Naciones Unidas emitió un informe en el que indicó que el gobierno no ha cumplido con reformas clave para que la comisión pueda operar.

Entre ellas, se destacan la derogación de un decreto de amnistía que benefició a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006–2009), así como modificaciones urgentes al Código Procesal Penal y al decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria.

Diversos sectores alertan que la CICIH podría no concretarse ni en esta administración ni en las siguientes.

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