La diputada María Antonieta Mejía, del Partido Nacional de Honduras, cuestionó el secuestro de documentos en el Congreso Nacional que ordenó fiscal general Johel Zelaya el pasado 28 de noviembre por un caso de supuesta corrupción,.

Mejía calificó como un "show" y un "circo" las acciones ejecutadas por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

"Bien dicen que cuando un gobierno no puede darle pan al pueblo, tiene que darle circo. Lo que vimos el día de ayer en el Congreso Nacional fue un show", reiteró la congresista.

La diputada dijo que "cuando se quiere actuar con diligencia en legalidad y debida forma se debe de tomar la seriedad que el caso que amerita". Asimismo, señaló que la investigación ordenada por el fiscal general se trata de una forma "para levantar el perfil".

Amedrentar a la oposición

María Antonieta Mejía dijo que "lo que se estaba tramando" era amedrentar a la oposición y de esa forma "coaccionarla para conseguir los votos necesarios, pero le salió el tiro por la culata".

Según la diputada, en lugar de aclarar, las autoridades levantaron más sospechas y se cuestionó "¿qué están tratando de esconder?"

Secuestro de documentos en el CN

El pasado jueves 28 de noviembre el fiscal general ordenó el secuestro de documentos en el Congreso Nacional vinculados a presuntos actos de corrupción.

A través de su cuenta de redes sociales, el fiscal Johel Zelaya detalló la operación.

"Pueblo hondureño, en ejercicio de las atribuciones conferidas al @MP_Honduras por el artículo 232 de la Constitución de la República y los artículos 207, 209 y 210 del CPP, he ordenado ingresar a las instalaciones del Congreso Nacional para el secuestro de documentación relevante vinculada a casos de corrupción gestados en ese poder del Estado", manifestó Zelaya.

En ese sentido, agentes de la ATIC llegaron a la sede del Poder Legislativo en horas del mediodía para secuestrar documentación de al menos 34 diputados de diferentes partidos políticos.

Además, detuvieron al abogado René Adán Tomé, asesor legal de Redondo y de al menos tres miembros de la seguridad del Congreso por oponerse a la requisa, lo que fue calificado como obstrucción a la justicia, pero minutos después fueron liberados por loa agentes de la ATIC que los habían llevado enchachados.