En medio de la campaña electoral, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha comenzado a entregar el denominado ‘Bono Unido’, que consiste en una ayuda de 6,200 lempiras para las personas afectadas por las inundaciones ocurridas en 2022 en el Valle de Sula y en los departamentos de Atlántida, Colón y Yoro, que fueron golpeados por la tormenta Zara.

Este bono ha desatado suspicacias, ya que muchos lo consideran una medida populista, dada su entrega tan cercana a las elecciones.

La titular de Sedesol, Mirtha Gutiérrez, ha defendido la distribución del bono, asegurando que no tiene fines políticos. Según Gutiérrez, el retraso en la entrega se debió a que la estructuración del programa llevó más tiempo del esperado.

En su intervención, la funcionaria subrayó que "la auditoría de organismos internacionales ha confirmado que gran parte de la población se muestra satisfecha con la recepción del beneficio y que la distribución se está realizando de manera transparente".

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ha acompañado la formulación y entrega del bono, ha dejado claro que los recursos no provienen de una donación, como había sido indicado inicialmente, sino de fondos públicos.

Sin embargo, el PNUD ha garantizado que se han implementado mecanismos de transparencia para asegurar que el proceso se realice de forma adecuada.

Yeni Molina, oficial de Gestión de Proyectos del PNUD, explicó que "el bono está enfocado en la vulnerabilidad climática y que la temporada ciclónica que comenzó el 15 de mayo hace que la ayuda sea más urgente, independientemente del contexto electoral".

¿Populismo?

No obstante, las críticas no se hicieron esperar. El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, cuestionó la entrega del bono justo antes de las elecciones, acusando al gobierno de estar utilizando el bono como una estrategia populista para ganar votos.

Umaña subrayó que "aunque las familias necesitaban ayuda, este tipo de medidas no deben estar vinculadas a intereses electorales".

Por otro lado, la corrupción histórica de Sedesol y los recientes cuestionamientos sobre el ‘Checazo’ generaron más dudas sobre la sinceridad del gobierno en su ayuda a la población.

Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), comparó esta práctica con las utilizadas por el gobierno anterior, alegando que el actual gobierno está usando las mismas tácticas para atraer votantes, aunque de manera menos disimulada.

El bono, que se destinará a más de 12,000 familias, tiene un monto total de 80 millones de lempiras. Aunque la población afectada ha recibido la ayuda con agrado, analistas y ciudadanos piden que no se convierta en una herramienta política.

Lo que realmente requieren, según expertos, son soluciones a largo plazo, como proyectos que eviten futuras inundaciones y generen empleo para las comunidades afectadas.