A través de su cuenta de X, antes Twitter, la funcionaria publicó que demanda del Ministerio Público (MP) y de la Secretaría de Seguridad una investigación de oficio y sin dilación.

De acuerdo con Roque, es crucial deducir responsabilidades, especialmente ante cualquier indicio de involucramiento de funcionarios públicos, en atención a la necesidad de proteger y garantizar derechos.

Asimismo, expresó que los resultados de esas investigaciones deben garantizar el acceso a la verdad de los familiares, adoptando medidas que procuren la no repetición de hechos que vulneren la integridad y vida de los privados de libertad.

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El general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, dice que el señalamiento directo de una potencial violación del sistema de justicia que hizo un órgano autónomo como el Conadeh, implica un desafío de altas dimensiones para la Secretaría de Seguridad y el MP.

"¿Cómo llegaron esas armas a los autores de esta acción criminal?, por lo tanto hay dos líneas de investigación en la Policía Nacional en toda su instancia y el MP", declaró Maldonado Galeas.

La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, responsabilizó a la Policía Nacional de la muerte de las reclusas, señalando que 119 de los 120 casquillos encontrados en la escena del crimen pertenecían a esta institución.

En ese sentido, Villanueva indicó que dichos casquillos tendrían grabado "IMI-PN" cuyo significado sería "Industria Militar Israelí" asignados a la Policía Nacional de Honduras.

Cero credibilidad

Para el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Javier Acevedo , resultó una sorpresa que esta denuncia de Villanueva saliera primero en medios de comunicación debido a la mínima credibilidad de los órganos de investigación policial.

"Significa que dentro de la Secretaría de Seguridad no existe un mecanismo lo suficientemente confiable para hacer investigaciones y poder determinar lo que pasó", manifestó Acevedo.

El Conadeh informó que emplazaría a Villanueva para que en el término de 48 horas remita una copia íntegra de todos los documentos que obran en sus archivos relacionados al caso.

Masacre en PNFAS

Al menos 46 personas fallecieron y otras siete resultaron heridas en una reyerta y un incendio registrados en la PNFAS, en Támara, Francisco Morazán.

El incidente dejó un saldo de 23 mujeres muertas a causa de armas de fuego y armas blancas, mientras que otras 23 perdieron la vida en un incendio desencadenado durante la reyerta entre miembros de dos pandillas rivales.

En ese momento, Julissa Villanueva ordenó una "intervención inmediata" en la cárcel tras declarar una emergencia por la riña.

Villanueva dijo que la reyerta era "producto de las acciones del crimen organizado" en respuesta a la intervención anunciada previamente por las autoridades en las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara (occidente) y en La Ceiba, Atlántida (Caribe).

La situación culminó con su destitución al frente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario de Honduras.

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