Según el exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) solo entrega cinco mil graduados al año, a pesar de contar con un alto presupuesto a través de fondos estatales, un promedio de 5 mil millones de lempiras.
Para Díaz, el costo-beneficio en la educación superior es muy alto porque la mayoría de personas que se gradúan en las universidades hondureñas no encuentran trabajo pues "fueron preparados, según algunos especialistas, para un mundo que no existe en Honduras".
A su vez aseveró que de 2008 a 2013, el Alma Máter recibió unos 35 mil millones de lempiras, y que si esa cantidad se hubiese invertido en becas Honduras hubiese graduado a 46,680 estudiantes en 10 mejores universidades del mundo, pero la UNAH solo entregó 5 mil.
De esa forma, el exfuncionario defendió las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y que estas tengan su propio régimen educativo, para que los hondureños tengan una mejor preparación y se les abra puertas en el mundo laboral.
Las autoridades de la máxima casa de estudio rechazan que se les pretenda quitar el mandato constitucional de dirigir la educación superior, y presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
El rector de la UNAH, Francisco Herrera, negó que al año entreguen solo 5 mil profesionales. Solo en lo que va de la pandemia del covid-19 se ha graduado a unos 10 mil estudiantes, aseguró.
Herrera indicó que muchos graduandos no pueden ubicarse en el mundo laboral, pero no porque están mal preparados, sino porque las condiciones del país no permiten esa empleabilidad.
De su lado, el vicerrector Julio Raudales defendió que la UNAH también promueve becas en universidades extranjeras para estudiantes y catedráticos hondureños, pero lo que entra en discusión es la violación flagrante a la Constitución de la República al pretender con las ZEDE, quitar el derecho al Alma Máter de regir la educación superior.
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La apoderada legal de la UNAH, Aída Romero, señaló que el artículo 34 de la Ley Orgánica de las ZEDE violenta el mandato constitucional de la máxima casa de estudios de regir la educación superior, porque establece potestad de requerir la acreditación académica para el ejercicio de algunas profesiones.
