La reciente entrega del segundo borrador para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) por parte de la presidenta Xiomara Castro genera reacciones de esperanza y escepticismo.

El martes, la mandataria hizo entrega de la nueva propuesta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, adonde viajó para participar este miércoles en la 79 Asamblea General.

Para el abogado especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, este es un paso positivo, pues "significa que las negociaciones con Naciones Unidas no se detuvieron y se avanza hacia la instalación de la CICIH".

A pesar del optimismo, Mejía admite que el proceso es largo y que este podría ser el último borrador presentado.

Mejía también resalta la importancia de que el gobierno hondureño, a través de la Cancillería, revele parte del contenido del borrador, en el que se menciona la figura de acusación privada con la independencia y autonomía que la CICIH requiere para ser efectiva.

Deuda con la sociedad civil

Sin embargo, Mejía critica la falta de transparencia en el proceso. "La sociedad civil espera realizar una auditoría social del borrador", dice, pero lamenta que el gobierno, bajo el argumento de una solicitud de confidencialidad por parte de la ONU, mantenga ciertos aspectos en reserva.

"Es decepcionante que Naciones Unidas, que debería ser ejemplo de transparencia, imponga este tipo de restricciones", añade.

El abogado también enfatiza que uno de los principales obstáculos para la instalación de la CICIH es la necesidad de reformas al Decreto de Amnistía, específicamente el artículo 4, que benefició a personas vinculadas al gobierno del expresidente Zelaya con delitos que no deberían ser amnistiados.

"Sin estas reformas, será difícil avanzar en la instalación de la CICIH", advierte.

Perspectivas sombrías

Por su parte, el analista Lester Ramírez tiene una visión más pesimista. Tras la reciente denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos, Ramírez considera que la instalación de la CICIH parece cada vez más lejana.

"El juego sigue siendo político y aunque intenten demostrar que están actuando, el daño ya está hecho", afirma con preocupación.

Este segundo borrador, según la Cancillería, incorpora observaciones tanto del Gobierno de Honduras como de Naciones Unidas, y retoma elementos de la primera versión presentada en septiembre de 2023.

Aunque la presidenta Castro reafirmó que la CICIH contará con las garantías legales necesarias, incluyendo inmunidades y la colaboración de la Fiscalía General, voces críticas como la de la exvocera de la MACCIH, Ana María Calderón Boy, advierten que el proceso aún está envuelto en dudas, lo que arroja sombras sobre el futuro de la lucha anticorrupción en Honduras.