Síguenos en Google News
Los primeros cien días del gobierno de Nasry Asfura en materia de Seguridad transcurren bajo una realidad que Honduras conoce demasiado bien: la violencia no se detiene, solo cambia de ritmo.
Aunque las cifras oficiales muestran leves variaciones respecto al año pasado, el país continúa registrando un promedio de seis muertes violentas diarias.
Este es un dato que refleja que la inseguridad sigue siendo una herida abierta y estructural.
Detrás de cada número persiste una mezcla de factores que Honduras arrastra desde hace décadas: pobreza, desempleo, abandono estatal, exclusión social y territorios donde el crimen organizado construy[o poder paralelo.
Para especialistas en seguridad, la problemática no puede medirse únicamente por estadísticas mensuales, porque el trasfondo sigue intacto.
La directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, advierte que el país continúa atrapado en una crisis que requiere respuestas integrales y sostenidas.
"Las organizaciones criminales suelen aprovechar los períodos de transición institucional para reorganizarse y fortalecer operaciones, en medio de señales que apuntan a que Honduras ya no solo funciona como corredor del narcotráfico, sino que también comienza a mostrar rasgos de territorio de producción", dijo.
La violencia, entonces, no aparece aislada, se alimenta de comunidades sin oportunidades, de jóvenes sin empleo y de estructuras criminales que siguen encontrando espacios donde el Estado llega tarde o simplemente no llega.
De interés: En Honduras caen cabecillas, pero 65 redes criminales siguen intactas
Seguridad y la policía comunitaria
El nuevo gobierno retomó la apuesta por la policía comunitaria, un modelo que busca cambiar la relación histórica entre la Policía Nacional y la ciudadanía.
La estrategia contempla la instalación de Mesas de Seguridad Ciudadana en los 298 municipios del país.
Estos son espacios donde agentes y vecinos identifican riesgos, denuncian problemas locales y diseñan mecanismos de prevención.
Sin embargo, el concepto no es nuevo, en Honduras, la policía comunitaria se menciona desde hace más de quince años en distintos gobiernos, aunque con resultados limitados y avances desiguales.
La diferencia ahora radica en el intento de convertirla en el eje central de prevención y proximidad ciudadana.
El comisionado en condición de retiro José Alfredo Ponce sostiene que el modelo no debe verse como una unidad separada dentro de la Policía.
"Es como una filosofía institucional. El principal reto sigue siendo recuperar la confianza perdida entre la población y los cuerpos de seguridad", señala.
La visión coincide con la del jefe de operaciones de la DPI, Arnold Cantarero, quien reconoce que la cercanía con la ciudadanía puede ayudar a reducir la llamada “cifra negra” de delitos que nunca se denuncian por miedo, desconfianza o temor a represalias.
El desafío real
Pero el problema va más allá de patrullajes o reuniones comunitarias. En muchas zonas del país, las estructuras criminales mantienen control territorial, cobran extorsiones, imponen reglas y condicionan la vida cotidiana de comunidades enteras.
Allí es donde expertos consideran que la policía comunitaria enfrenta su prueba más difícil.
Ponce insiste en que la estrategia debe complementarse con investigación criminal sólida y acciones coordinadas entre la Policía Nacional, la DPI y el Ministerio Público.
"La confianza ciudadana puede ayudar a prevenir delitos, pero el combate contra estructuras criminales requiere inteligencia, judicialización y debilitamiento financiero", dijo.
En paralelo, Migdonia Ayestas sostiene que la violencia no disminuirá únicamente con presencia policial.
También se necesitan políticas públicas enfocadas en empleo, educación, recuperación social y oportunidades para sectores históricamente marginados.
Cooperación internacional y formación policial
Dentro de la estrategia gubernamental también aparece el componente internacional, con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
Este organismo apoya la capacitación en seguridad comunitaria, incluyendo un laboratorio académico y tecnológico destinado a producir contenido educativo digital y fortalecer el intercambio de conocimientos.
Honduras prepara un curso internacional de policía comunitaria para 2027, en el que participarán oficiales de distintos países latinoamericanos.
El programa incluirá formación virtual, sesiones presenciales y visitas de campo para aplicar experiencias preventivas en comunidades.
Cien días después, la seguridad sigue siendo la deuda más pesada
A cien días de gobierno, la administración de Nasry Asfura enfrenta una realidad incómoda: Honduras continúa siendo un país donde la violencia forma parte de la cotidianidad.
La percepción de inseguridad sigue golpeando a miles de familias. La apuesta por la prevención y la policía comunitaria representa un intento por cambiar la lógica reactiva que históricamente domina las políticas de seguridad.
Especialistas coinciden en que ningún modelo funcionará si el Estado no logra recuperar territorios.
Además, fortalecer la investigación criminal y construir oportunidades reales para comunidades atrapadas entre pobreza y crimen.
Mientras Honduras cuente seis muertes violentas cada día, cualquier estrategia seguirá siendo medida no por discursos ni promesas, sino por la capacidad de evitar que más familias terminen sumándose a la estadística.
Lea también: Seguridad apunta a golpear las finanzas del crimen: perseguirá cuentas y bienes