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Han pasado seis meses desde que la vida de Juan Antonio López, ambientalista y líder comunitario, fue brutalmente arrebatada.
La noche del 14 de septiembre de 2024, en un barrio concurrido de Tocoa, Colón, hombres armados en moto lo esperaban a la salida de una celebración eucarística.
Sin mediar palabra, dispararon varias veces contra su vehículo. López, de 46 años, murió en el acto.
El crimen no sorprendió a quienes lo conocían. Desde hace años, Juan denunciaba la contaminación de los ríos Guapinol y San Pedro, afectados por la minería en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Su compromiso con la defensa del agua y el territorio le costó a Juan múltiples amenazas.
En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, pero ni eso bastó para salvarle la vida.
“Le dijeron que dejara de meterse en problemas, que su vida corría peligro”, cuenta un amigo cercano que prefiere no ser identificado.
Un hombre de fe y lucha
Casado y padre de dos niñas, López no solo era un líder ambientalista; también era un hombre de fe.
Coordinador de la pastoral social de la Diócesis de Trujillo y miembro de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam), creía que su compromiso cristiano debía traducirse en la defensa de los más vulnerables.
Inspirado por San Óscar Romero, Juan López veía su lucha como un acto de amor y justicia.
“Su compromiso con la ecología no era ideológico, sino fruto de su fe”, dijo el obispo de Trujillo, Jenry Ruiz, tras su asesinato.
“Era un auténtico siervo de Dios y un luchador incansable por su pueblo”. Pero su fe no lo blindó del peligro.
Su activismo tocó intereses poderosos. En los últimos meses, insistió en denunciar cómo la explotación minera estaba destruyendo fuentes de agua de comunidades enteras.
Detenidos, pero sin justicia completa
A finales de 2024, la Policía Nacional capturó a tres presuntos autores materiales del asesinato: Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonis Cruz Munguía.
Un juzgado de San Pedro Sula dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva en su contra.
Las pruebas incluyen imágenes de cámaras de seguridad, testigos protegidos y geolocalización de teléfonos que indican que los imputados siguieron a López durante días antes de atacarlo.
“Reiteramos que la garantía de justicia para Juan López y para el Parque Nacional Carlos Escaleras son determinantes para la protección de los miembros del Comité Municipal y de las comunidades. Estamos en alto riesgo”, expresó un miembro del Comité Municipal de Tocoa.
Sin embargo, la justicia hondureña aún no identifica a los autores intelectuales. ¿Quién ordenó su muerte? ¿Quién se beneficia con su asesinato?
Estas son las preguntas que seis meses después siguen sin respuesta y por eso piden que la investigación no pare.
Un caso que refleja la impunidad
“El sistema judicial sigue mostrando una lentitud desesperante”, lamenta Adilia Castro, defensora de derechos humanos y amiga de Juan.
“Sabemos quiénes dispararon, pero no quiénes dieron la orden. Y mientras eso no se aclare, no hay justicia”.
El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Medio Ambiente de San Pedro Sula programó una audiencia preliminar para el 4 de marzo de 2025.
Sin embargo, fue suspendida porque se espera el análisis de pruebas en Costa Rica y Estados Unidos. Mientras tanto, el caso sigue estancado.
Las organizaciones nacionales e internacionales exigen respuestas. “No basta con capturar a los sicarios, se debe llegar a los autores intelectuales, aquellos que decidieron que Juan tenía que morir”, dice un comunicado del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT).
Seis meses sin Juan
El crimen de Juan López no es un caso aislado. En Honduras, los defensores del medio ambiente enfrentan un panorama aterrador: amenazas, persecución y asesinatos.
Su muerte es una herida abierta para su familia, su comunidad y quienes luchan por la justicia ambiental.
Cada día que pasa sin identificar a los responsables intelectuales del asesinato es un día en que la impunidad triunfa.
“No nos cansaremos de exigir justicia”, dice su hermano. “La memoria de Juan no será silenciada”.
Seis meses pasan y la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién ordenó su muerte?