El incendio penitenciario de San Pedro Sula, ocurrido en 2004 y que arrebató la vida a 107 privados de libertad, dejó marcas imborrables en decenas de familias hondureñas. Aquel episodio trágico se convirtió en un símbolo del abandono estatal y de un sistema penitenciario colapsado.

Pero años después, cuando las familias buscaban recibir las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la corrupción volvió a golpearlas.

La reciente sentencia contra los exempleados del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Silvio Javier Morales Rodríguez y Carlos René Aguilar Sevilla, confirma cómo la falsificación documental se utilizó para desviar dinero destinado exclusivamente a las víctimas.

Ambos fueron condenados a cuatro años de prisión y cuatro de inhabilitación.

Indemnizaciones bajo asalto: cómo operó el fraude

Las indemnizaciones surgieron tras la sentencia de la CIDH en el caso “Pacheco Teruel y otros”, emitida en 2012, que obligó al Estado a pagar 317,289.72 lempiras a cada una de las 107 familias afectadas.

Los desembolsos iniciaron en 2017, después de que el INP integrara una comisión especial para cumplir con la resolución internacional.

Pero mientras las familias esperaban respuestas, una red interna se adelantó:

  • 49 cheques destinados a igual número de familias fueron cobrados en el Banco Central de Honduras.
  • Quien los retiró utilizó poderes falsificados, nunca autorizados por los beneficiarios reales.
  • Las investigaciones detectaron firmas adulteradas, huellas dactilares falsificadas y expedientes sin autorización formal de la comisión del INP.

Las indemnizaciones se convirtieron en el blanco perfecto: montos asegurados, beneficiarios vulnerables y un proceso burocrático lento que facilitó el engaño.

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Una red más amplia: sentencias previas por el mismo fraude

Los nombres detrás de esta práctica no terminan con los recién condenados. Por el mismo esquema se condenó a las exfuncionarias Karla Patricia Pavón Bustillo y Albertina Eduviges Gómez Canales, también vinculadas a la falsificación documental y al manejo irregular de los expedientes de pago.

Para las familias, estos hallazgos solo profundizaron el daño. Mientras unas esperaban sus indemnizaciones, otras descubrieron que el dinero se cobró años atrás sin su conocimiento.

La esperanza de reparación se transformó, una vez más, en un golpe inesperado.

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Un camino que aún no termina

Las nuevas condenas representan un avance para las víctimas, pero la historia muestra un patrón doloroso.

Incluso las indemnizaciones derivadas de una tragedia de Estado se convirtieron en terreno fértil para el fraude.

A dos décadas del incendio, las familias lidian no solo con la pérdida, sino con las consecuencias de un sistema que permitió que su dolor fuera usado como moneda.

La justicia llega, pero llega tarde. Y mientras se van sumando sentencias, la pregunta sigue abierta: ¿cuándo dejarán de ser vulnerables quienes ya lo perdieron todo?