Las agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos aumentaron a 1879 casos en septiembre de 2023, según el Sistema de Registro y Documentación de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH).
Septiembre ha sido el mes más violento para las defensoras de derechos humanos en el país, con 337 agresiones documentadas.
Esto representa un aumento del 100 % respecto al mes anterior, advierte la RNDDH. Otras defensoras víctimas de agresión también luchan por los derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a defender el medioambiente y bienes naturales.
Los ataques
Según la organización, el incremento de la violencia está relacionado con un aumento de los ataques racistas a activistas indígenas y negras, así como ataques discriminatorios contra aquellas que luchan por los derechos de la diversidad sexual.
Las defensoras que resguardan el derecho a la tierra y el territorio son las principales víctimas de los ataques, representando el 78 % de los casos registrados.
En su mayoría, estas defensoras pertenecen a grupos indígenas, principalmente garífuna, y a movimientos campesinos.
Le siguen las defensoras de los derechos de la población LGBTIQ+, con el 7 % de los ataques; defensoras de los derechos de los pueblos indígenas con otro 7 %; y aquellas que luchan por el derecho a la verdad, justicia y reparación, con el 5 % de los casos.
"Este aumento está vinculado al alza de ataques contra la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH); las amenazas de muerte a grupos campesinos del departamento de Cortés y Colón", señala el informe.
Además, el documento destaca el aumento de agresiones en contra de la comunidad LGBTIQ+; y el registro de un femicidio y un transfemicidio.
Policía, el mayor agresor
La Policía Nacional de Honduras está señalada de ser una de las principales agresoras en contra de las defensoras y activistas en Honduras.
Entre las principales formas de violencia contra las defensoras están el hostigamiento, amenazas, violencia psicológica y desplazamiento forzado.
Pero también se reportan intentos de asesinato, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia física, detenciones arbitrarias, vigilancia, monitoreo y acecho.
"La Policía es el mayor grupo perpetrador de estas agresiones, con el 22 % de los casos, también se suman terratenientes con el 16 % y las autoridades públicas con otro 16 %", señala el informe.
El 51 % de los ataques ocurrieron en el departamento de Colón, donde se encuentra la organización garífuna OFRANEH; después La Paz, con el 16 %.
Las otras zonas del país donde se reportaron ataques son Islas de la Bahía, Cortés, Francisco Morazán, Comayagua y Olancho.
La organización lamenta el silencio del Gobierno ante estos ataques. "La mayoría de las agresiones ocurrieron en el marco del Régimen de Excepción; y el ejercicio de la defensa de derechos civiles está más criminalizado que nunca", lamentan.
El Estado de Excepción se extendió hasta el próximo 17 de noviembre de 2023. Entró en vigencia el 6 de diciembre de 2022, como medida para reducir los índices de violencia en al menos 158 de los 298 municipios del país.
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