Cuando un niño muere víctima de la violencia, el país no solo pierde una vida, pierde su futuro.

En Honduras, esa pérdida es constante. Durante el primer trimestre de 2025, al menos 250 menores de edad fueron asesinados, según datos de la organización Coiproden.

Son más de 80 muertes cada mes. Un promedio que debería estremecer a cualquiera, pero que pasa inadvertido entre otras cifras del registro nacional.

“Estamos hablando de 50 adolescentes y jóvenes muriendo cada mes. Es una situación alarmante y preocupante”, lamenta Wilmer Vásquez, director de Coiproden.

Cortés y Francisco Morazán: epicentros del luto

La violencia no golpea por igual en todo el país. Departamentos como Cortés y Francisco Morazán concentran la mayoría de estas muertes.

Aunque hay una reducción del 13% en comparación al mismo periodo de 2024, las cifras siguen siendo altas: en 2024 murieron violentamente 619 menores.

Las principales causas: armas de fuego, accidentes de tránsito y el contexto de violencia estructural.

La niñez camina desprotegida entre pandillas, criminalidad, impunidad e instituciones que no logran responder.

Políticas sin ejecución, leyes sin alma

“No es que no haya políticas públicas. Las hay. Lo que falta es voluntad política y presupuesto focalizado”, denuncia Vásquez.

Las leyes que deberían blindar a la niñez existen, pero no se traducen en protección real.

Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, fue tajante: “Nos da tristeza por los miles de niños que caminan en Honduras sin ninguna protección. Nadie piensa en ellos”.

Una generación empujada al exilio

La violencia no solo mata: también obliga a huir. Coiproden y organismos humanitarios documentan cómo la violencia contra menores detona la migración irregular.

Niñas y niños salen del país para no ser reclutados, amenazados o asesinados. Muchos viajan solos, otros con sus madres que prefieren verlos cruzar fronteras antes que enterrarlos.

Durante enero y febrero de 2025 se reportaron 28 muertes violentas de menores, la mayoría con armas de fuego.

La estadística, lejos de ser solo un número, refleja una emergencia que se está normalizando.

De interés: Codeh denuncia incremento de violencia contra menores y falta de protección

Autoridades desbordadas

El analista en seguridad Marcial Martínez advierte que la respuesta institucional no está a la altura.

“Hay movilización policial, pero no es suficiente para contrarrestar la criminalidad”, sostiene.

Desde la Policía Nacional, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, comisionado Miguel Martínez Madrid reconoce que el fenómeno tiene raíces más profundas.

“El problema es cultural, social. Hay una normalización del uso de armas y una resolución violenta de conflictos que se aprende desde casa”.

Honduras es un país joven: más del 70% de su población tiene menos de 30 años. Pero cada mes que pasa, entierra parte de su esperanza.

Cada menor asesinado es una promesa rota. Cada ataúd pequeño debería encender una alarma nacional.

Sin inversión real, sin protección efectiva y sin una estrategia que priorice la vida de sus hijos, el país no solo está pierde el presente: deja morir su futuro.