El 11 de junio de 2018 se encontró el cadáver de Sherill Yubissa Hernández Mancía, cuya muerte se manejó como un suicidio por el fiscal general del Ministerio Público, Óscar Chinchilla, y el director de la ATIC, Ricardo Castro, (ambos aún en sus puestos), cerrando así el caso.

Pero, en aquel momento quien fungía como directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, aseguró que el hecho fue un homicidio -sometimiento y arma de fuego- y denunció irregularidades en el manejo de la escena.

En tal sentido, afirmó que existían evidencias que la escena fue "alterada y contaminada" por agentes de la ATIC, según estipula la resolución de medida cautelar 972-18 a favor de la funcionaria emitida el 12 de agosto de 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Presuntos involucrados

Villanueva, quien en aquel entonces solicitó y consiguió protección a dicho ente internacional, externó que en la muerte de Sherill Hernández estaría implicado el jefe regional de la ATIC, que sería líder de una "banda de exterminio existente en el interior" de esa agencia.

"El homicidio de la agente había sido provocado en el interior de la misma Agencia de Investigación", dijo la funcionaria, agregando que la agente tendría una relación sentimental con su jefe inmediato.

Aparentemente, además de costarle su cargo, sus acciones en el caso (denunciar homicidio e irregularidades) provocaron que entre el 12 y 18 de junio recibiera amenazas de muerte de forma indirecta a través de sus compañeras, al punto de informarle que el antes mencionado jefe regional preguntó "cómo le callamos el pico a esa vieja", refiriéndose a ella.

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Según lo que establece la CIDH, el 28 de junio de 2018 se acercaron dentro de la morgue judicial a una subordinada de Julissa Villanueva para advertirle que "su jefa está en grave peligro, no vayan a salir y mañana, pidan resguardo militar a todo medicina Forense".

Ese mismo día, miembros de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) le informaron que las intimidaciones eran "verdaderas y de gravedad" por parte de "personas peligrosas y sospechosas habían estado en varios automóviles en las afueras de la morgue"; determinando que ella estaba en un riesgo "extraordinario".

Tras el análisis del caso, la CIDH solicitó a Honduras adoptar las "medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal" de Julissa Villanueva; acción que según ella, son las que la mantienen con vida.

Muerte de Sherill Hernández vinculada a 'Tony' Hernández

Un informe de la Secretaría de Seguridad, procesado por Infobae de Argentina, señala que presuntamente Juan Antonio "Tony" Hernández y Alexander "Chande" Ardón -excongresistas hondureños- fueron los autores intelectuales de la muerte de la miembro de la ATIC, Sherill Hernández.

El supuesto motivo del crimen fue detener las investigaciones de la agente que involucraba a narcotraficantes cercanos al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), extraditado (2022) a Estados Unidos y a la espera del inicio de un juicio programado el 18 de septiembre por cargos relacionados al tráfico de droga.

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De acuerdo con el informe, Sherill decomisó documentos del palacio municipal de El Paraíso, Copán, alcaldía de Ardón entre 2006 y 2014, supuesto aliado a alias JOH, hermano de Tony Hernández -sentenciado a cadena perpetua más 30 años en EE. UU. por narcotráfico-.

"Chande fue el alcalde a quien Sherill Hernández le decomisó en su alcaldía muchos documentos… y él y Tony la mandan a desaparecer", dijo una fuentes a Infobae.

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