En Jesús de Otoro, Intibucá, hay una tumba que cada 11 de junio vuelve a llenarse de flores, lágrimas y preguntas sin respuesta. Allí descansa Sherill Yubissa Hernández Mancía, la joven agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) que investigaba narcotráfico y corrupción en una de las regiones más golpeadas por el crimen organizado en Honduras.
Tenía apenas 28 años cuando apareció muerta en su apartamento de Santa Rosa de Copán.
Pero Sherill murió dos veces: la primera, aquella mañana de 2018; la segunda, cuando el caso quedó enterrado entre irregularidades, contradicciones y un expediente cerrado sin justicia.
Ocho años después, la herida sigue abierta. “Estamos llenos de impotencia e indignación”, dice su tío Johny Mancía, mientras la familia se prepara para recordarla una vez más.
En su voz no hay resignación, sino rabia acumulada. “No ha habido justicia. Las autoridades no hicieron nada”.
Porque para ellos, Sherill Yubissa nunca se quitó la vida. “A ella la mataron”, sostienen.
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Sherill, la agente que investigó el corazón narco del occidente
Sherill Yubissa Hernández Mancía ingresó a la ATIC en 2015. Era administradora aduanera, entrenada como investigadora criminal y rápidamente destacó dentro de la institución.
Su carrera avanzó en medio de investigaciones sensibles. En San Pedro Sula integró equipos ligados a la Operación Avalancha, uno de los golpes más mediáticos contra la estructura financiera de la MS-13.
Después llegó el ascenso y a comienzos de 2018 la enviaron a Copán como jefa regional de una unidad especial de la ATIC.
Tenía bajo su mando a diez agentes y operó en una zona históricamente marcada por el narcotráfico, el contrabando y las conexiones criminales que se mueven entre Honduras y Guatemala.
El apartamento donde comenzaron las dudas
La mañana del 11 de junio de 2018, Sherill no llegó a trabajar. Sus compañeros fueron a buscarla al apartamento donde residía en Santa Rosa de Copán y la hallaron muerta.
Desde ese instante, las irregularidades comenzaron a acumularse. Los agentes de la ATIC asumieron el control total de la escena y, según la entonces directora de Medicina Forense, Semma Julissa Villanueva, impidieron el ingreso de otras autoridades y manejaron la evidencia sin seguir protocolos adecuados.
“La ATIC nunca había procesado escenas de crimen y su inexperiencia marcó un extraño debut en este caso”, cuestionó Villanueva años después.
Las dudas crecieron rápidamente y los reportes iniciales señalaron que el cuerpo se encontró en el piso, en medio de un charco de sangre.
Sin embargo, las fotografías de la escena mostraron algo distinto: Sherill aparecía sobre una cama, boca arriba, con una pistola de nueve milímetros colocada junto a su cabeza.
No había sangre suficiente, tampoco restos óseos en las paredes y no había residuos compatibles con un disparo autoinfligido.
“Debería haber sangre por todas partes”, afirmó Villanueva. “Se puede ver claramente que ese cadáver se modificó”.
La autopsia que contradijo la versión oficial
El 3 de julio de 2018, menos de un mes después de la muerte de la agente, Julissa Villanueva firmó la autopsia. La conclusión fue contundente: “Homicidio”.
La palabra quedó escrita en negrilla dentro del informe forense. Villanueva sostuvo que Sherill presentaba signos compatibles con asfixia, contusiones en el cuello y ausencia de residuos de pólvora en la mano con la que supuestamente disparó el arma.
Para el equipo forense, la escena se alteró para simular un suicidio. Pero mientras Medicina Forense habló de asesinato, la investigación avanzó lentamente y en completo hermetismo.
Quince meses después, el Ministerio Público cerró el caso y concluyó oficialmente que Sherill Hernández Mancía se suicidó.
La decisión cayó como un golpe para la familia y también para Julissa Villanueva.
La funcionaria que desafió la versión oficial
Julissa Villanueva nunca retrocedió de su dictamen y sostuvo públicamente que a Sherill la asesinaron y que existieron múltiples anomalías en el manejo de la escena y de las pruebas.
“Ellos estaban buscando generar duda en vez de investigar”, denunció. Su postura tuvo consecuencias.
La destituyeron como directora de Medicina Forense y, según relató, ella y parte de su equipo recibieron amenazas de muerte tras cuestionar la versión oficial.
Desde entonces, el caso quedó atrapado en un muro de silencio. Las preguntas siguen sin respuesta: ¿Qué investigaba Sherill? ¿A quién podía incomodar?
¿Por qué se manejó así la escena? ¿Por qué desaparecieron tantas certezas dentro del expediente?
Ocho años después, la impunidad sigue intacta
El caso de Sherill Yubissa Hernández Mancía se convirtió en uno de los expedientes más polémicos y oscuros de los últimos años en Honduras.
No solo por la muerte de una agente que investigó narcotráfico y corrupción, sino porque la verdad quedó dividida entre dos instituciones del mismo Estado.
De un lado, la versión oficial del suicidio. Del otro, una autopsia que habló de homicidio y una escena presuntamente manipulada.
Mientras tanto, en Jesús de Otoro, su familia sigue llegando cada junio al cementerio con flores frescas y la misma frase atravesada en la garganta:
“No fue suicidio. A Sherill la mataron”.
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