Sherill Yubissa Hernández Mancía no era una funcionaria más. A sus 28 años, se ganó el respeto dentro de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por su disciplina, su preparación y su compromiso en la lucha contra el crimen organizado.
En 2018, la enviaron como jefa de la unidad anticorrupción en Copán, una de las zonas más penetradas por el narcotráfico en Honduras.
El 11 de junio de ese año, la encontraron muerta en su apartamento en Santa Rosa de Copán.
La escena la procesaron sus propios colegas de la ATIC. La conclusión oficial: suicidio. Pero desde el primer momento, algo no cuadró.
Dos versiones, una verdad oculta
La doctora Julissa Villanueva, entonces directora de Medicina Forense, no titubeó: "Sherill no se quitó la vida. Fue asesinada". Lo plasmó en el informe de autopsia, con fecha del 3 de julio de 2018, en el que la causa de muerte está en negrilla: homicidio.
Las inconsistencias eran demasiadas. En las fotos oficiales, el cuerpo aparece sobre la cama, boca arriba, con una pistola sobre la sien, pero sin rastros de sangre ni residuos en la almohada o en la pared.
Nada que respalde un disparo autoinfligido. Lo más inquietante: los agentes de la ATIC, sus compañeros, controlaron la escena sin permitir el ingreso de otras autoridades.
Villanueva denunció el montaje y por eso la removieron del cargo, según ha denunciado. Desde entonces, recibe amenazas, pero nunca se retractó.
El rastro que pudo costarle la vida
Sherill participó en la llamada “Operación Avalancha”, que reveló redes de lavado de dinero vinculadas a la MS-13.
Algunos informes sugieren que ella investigó posibles nexos entre estructuras criminales, maras, autoridades locales y hasta miembros de su propia agencia.
También salió a la luz que mantenía una relación con un alto funcionario de la ATIC, cuyo nombre apareció en varias investigaciones periodísticas, incluido The New York Times.
Fuentes señalaron que ese funcionario tenía vínculos familiares con miembros de la MS-13 y que Sherill comenzó a sospechar de sus actividades.
Lea también: En muerte de Sherill había gente poderosa involucrada', dice tío de la extinta agente de la Atic
Siete años de impunidad y silencio
A nadie se acusó. La versión oficial sigue intacta. El expediente se cerró. Pero el dolor, la rabia y la exigencia de justicia siguen vivos.
La familia de Sherill no se resigna. Tampoco quienes la conocieron y saben que no era el tipo de mujer que se rendía.
El país, mientras tanto, acumula otro nombre más en la larga lista de muertes sin resolver de mujeres silenciadas, de voces que incomodaban al poder.
Cada año que pasa sin justicia es una confirmación de que algo se hizo mal. Que Honduras no protegió a una de sus investigadoras.
Siete años después, Sherill no descansa. Porque la verdad sigue enterrada. Y Honduras, también, duele con ella.
