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A partir del 15 de marzo de 2025, Honduras puso sobre la mesa una de las medidas más delicadas y, al mismo tiempo, más ambiciosas en materia de seguridad: regular la venta de chips telefónicos mediante un registro biométrico.
La apuesta partía de una lógica difícil de refutar en un país golpeado por la extorsión: si las estructuras criminales usan líneas telefónicas desechables para amenazar, cobrar, coordinar y desaparecer sin dejar huella, entonces el Estado debía cerrar esa puerta.
La intención era que todo hondureño que adquiriera un chip dejara constancia de cómo lo obtuvo, quién era y bajo qué registro quedaba asociado su número de teléfono.
La medida quedó suspendida antes de nacer del todo, convertida en proyecto, en intención, en promesa de escritorio.
Mientras tanto, el mercado de SIM siguió funcionando con una regulación débil, y con ello también siguió intacta una de las facilidades que mejor explotan las estructuras criminales.
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Control de venta de chips, entre el miedo legal y la inacción política
La iniciativa de ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones buscó combatir la extorsión y otros delitos asociados a la utilización irregular de líneas telefónicas.
Pero el problema no tardó en mostrar su dimensión más compleja. El abogado Benjamín Lavaire advirtió que la falta de información sobre cómo se implementaría esta medida generaba serias dudas sobre posibles violaciones a derechos constitucionales.
La advertencia dejó al descubierto una falla de origen: se impulsó una idea con alto impacto en seguridad, pero sin explicar de forma suficiente cómo se resguardaría la información personal, quién la administraría, bajo qué controles operaría y qué mecanismos evitarían abusos.
Entre la voluntad política y la exigencia de un marco claro
Para el analista en seguridad Gonzalo Sánchez, la medida no debería seguir engavetada.
Su postura es directa y apunta a la conexión entre telefonía irregular y criminalidad organizada.
“Que se retome esa iniciativa, porque por medio de los chip, se fomenta mucho la extorsión, incluso el sicariato dentro de las cárceles; debe retomarse”, sostiene.
Kenneth Madrid, también analista en seguridad, pone el foco en otro punto igual de incómodo: la ausencia de decisión política.
“Lo que ha habido aquí es falta de voluntad política para poner orden. Se requiere el cumplimiento de la ley. El Estado debería tener un software y aquellos que no tengan legítimamente comprobada su identidad con domicilio, con lugar de trabajo y otros indicadores que pueden ser básicos para identificar a la persona, se anula la SIM card”, expone.
En su lectura, el problema no es únicamente jurídico ni técnico, sino también de decisión estatal para aplicar mecanismos de control más rigurosos.
Doble verificación
Madrid no se queda ahí. Para él, una salida viable sería un sistema de doble verificación al momento de vender las tarjetas.
“Que se venda bajo ese sistema de una doble verificación de identidad de la persona, eso sí puede funcionar”, expresa.
Su planteamiento busca un punto medio entre la necesidad de frenar el anonimato criminal y la obligación de no improvisar medidas invasivas.
En el fondo, lo que propone es que la regulación no quede en un discurso político ni en una medida cosmética, sino que se convierta en un proceso verificable, controlado y capaz de distinguir entre el ciudadano legítimo y quien usa la telefonía para delinquir.
Golpear los chips para tocar las finanzas del crimen
El analista Germán Licona lleva la discusión a un nivel más profundo y, quizá, más estratégico.
A su criterio, el control biométrico de chips no solo serviría para identificar usuarios o rastrear comunicaciones, sino para seguir la huella económica que dejan las estructuras criminales.
“Lo que se puede medir con el control de los chips es la trazabilidad de la economía ilegal de estos grupos criminales”, afirma.
Licona sostiene que, si el Estado logra dar un golpe certero a las finanzas criminales, el impacto puede ser mucho mayor que el de una simple operación policial aislada.
“Si nosotros damos un golpe certero a las finanzas criminales de estos grupos, le aseguro que eso va a tener un impacto enorme en el control que se quiera ejercer en esta actividad criminal”, dice.
Una discusión que Honduras no puede seguir aplazando
El gran problema es que Honduras dejó el tema a medio camino. No construyó el marco legal robusto que expertos consideran indispensable.
Tampoco abrió un debate amplio en el Congreso Nacional y tampoco definió con claridad cómo equilibrar seguridad, privacidad y derechos constitucionales.
El resultado ha sido el peor de los escenarios posibles: no existe una regulación efectiva para el mercado de chips.
Pero los expertos dicen a tunota.com que "persisten las condiciones que permiten a las estructuras criminales aprovechar esa debilidad con enorme facilidad".
Ahí está, precisamente, la herida de fondo. El país reconoce que la extorsión usa los chips como instrumento esencial de operación.
Admiten que la venta de SIM carece de controles suficientes y escuchan a analistas que insisten en retomar la medida.
Mientras esa discusión siga congelada, el crimen continuará encontrando en los chips una ruta barata, eficaz y difícil de contener.
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