El camino hacia Estados Unidos siempre ha sido peligroso, pero entre 2010 y 2014 se convirtió en una trampa mortal para miles de migrantes centroamericanos. En agosto de 2010, el crimen organizado asesinó a 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en una de las masacres más graves de esa década.
De esas 72, 26 eran hondureños. Un año después, en el mismo municipio, se hallaron 48 fosas clandestinas con 196 restos.
En 2012, otra masacre estremeció al continente: 49 cuerpos aparecieron desmembrados en Cadereyta, Nuevo León. Se identificaron a diez hondureños.
Todas estas atrocidades comparten un punto en común: entre las víctimas había hondureños.
Y aunque han pasado más de 13 años, muchas de esas familias aún no tienen un cuerpo que velar.
Masacres: búsqueda e identificación
Para atender esos crímenes, en 2013 se creó la Comisión Forense, un mecanismo binacional integrado por peritos de la actual Fiscalía General de la República de México y expertos independientes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Su objetivo: identificar a las víctimas de las tres masacres y revisar identificaciones previas.
Gracias a ese esfuerzo técnico, sostenido por organizaciones internacionales y familiares, se lograron cerca de 100 identificaciones, de las cuales 36 corresponden a hondureños.
Pero aún hay restos sin identificar, y los perfiles conocidos apuntan a que muchas de las víctimas no reconocidas podrían ser hondureñas.
Las organizaciones dicen que, a pesar de ello, el Estado de Honduras no apoya en verificar si esos restos corresponden a sus ciudadanos. La coordinación es mínima o inexistente, a pesar de la urgencia.
De interés: Honduras no cuenta con un registro oficial de migrantes desaparecidos
Hondureños en las fosas
Lo ocurrido en Tamaulipas y Nuevo León no son episodios aislados:
- 2010: 72 migrantes asesinados en San Fernando.
- 2011: 196 restos hallados en fosas del mismo municipio.
- 2012: 49 cuerpos en Cadereyta.
- 2014: 16 cuerpos en una fosa de Güémez, Tamaulipas.
En todos esos casos hay hondureños entre las víctimas. Aun así, según el informe “Búsqueda e Investigación de Hondureños Desaparecidos en el Contexto Migratorio – Informe para el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal de Honduras (EPU 2025)”, las autoridades hondureñas “no muestran interés ni disposición para colaborar en las investigaciones, en la identificación de las víctimas ni en el apoyo y asistencia a los familiares”.
Esa omisión prolongada tiene consecuencias: procesos lentos, impunidad estructural y nulas posibilidades de reparación para las familias.
Identificación pendiente: el reto forense y el papel de Honduras
Para la Comisión Forense, el tiempo es un enemigo. Los restos no identificados requieren análisis detallados, cotejo de ADN y coordinación con los países de origen.
En los perfiles de víctimas ya identificadas, la mayoría eran migrantes en tránsito, procedentes principalmente de Centroamérica.
Esto hace altamente probable que entre los cuerpos pendientes haya más hondureños.
Pero esa identificación no llegará sin que Honduras participe activamente: se necesita cotejo de muestras genéticas, información de desaparecidos y acompañamiento a las familias.
Familias de migrantes desaparecidos sin respuestas
Los familiares no tienen la posibilidad de cerrar el duelo. Sin restos, sin acceso a expedientes, sin apoyo psicosocial y sin respaldo estatal, viven una espera interminable que se repite cada aniversario de las masacres.
En Honduras son los comités de familiares de migrantes desaparecidos quienes ofrecen acompañamiento jurídico y emocional.
El Estado, pese a conocer los casos y a recibir reportes de desaparición, no realiza investigaciones ni gestiona búsquedas formales.
El dolor, en cambio, se extiende a lo largo de los años: madres que envejecen sin respuestas, hijos que crecieron sin saber qué ocurrió, familias que nunca pudieron despedirse.
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Una deuda abierta: verdad, justicia y memoria
Las masacres de migrantes en México recuerdan la vulnerabilidad de quienes cruzan el continente en busca de oportunidades.
Para Honduras, representan una deuda profunda y urgente con su gente: identificar a sus muertos, colaborar en las investigaciones y acompañar a quienes esperan respuestas.
Mientras los restos sigan sin nombre y las familias sin verdad, la herida seguirá abierta.
Porque en Honduras, la desaparición no termina con el silencio: empieza con él.
