A menos de tres meses de que se realizara el esperado juicio contra Francisco Roberto Cosenza Centeno en Estados Unidos, el calendario vuelve a moverse.

La nueva fecha prevista es septiembre de 2025, según se confirmó durante una audiencia celebrada el 28 de mayo en Florida.

El retraso ocurre luego de una pausa en la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que provocó una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump en febrero de este año.

Sin embargo, durante la reciente audiencia, fiscales federales pidieron no demorar más el juicio y declararon su interés en proceder "lo antes posible".

Un caso que expone a funcionarios y empresarios

Francisco Cosenza, exdirector del Comité Técnico del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional en Honduras, enfrenta cargos por participar en una operación de lavado de dinero derivada de sobornos a cambio de contratos públicos.

De acuerdo con la acusación formal presentada en 2023, Cosenza facilitó contratos por más de 10 millones de dólares (unos 260 millones de lempiras) a empresas vinculadas al empresario estadounidense Carl Alan Zaglin y al también acusado Aldo Néstor Marchena.

Entre los contratos bajo la lupa destacan:

  • 4.8 millones de dólares en uniformes a través de TASA.
  • 5.6 millones de dólares en otro contrato similar.
  • 480,000 dólares en lanzadores de gas lacrimógeno y municiones.
  • 7.5 millones de dólares en uniformes para la Policía Nacional de Honduras.

Según la acusación, los tres montaron una estructura financiera para mover los pagos ilegales a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, lo que permitió a la Fiscalía estadounidense ejercer jurisdicción.

La pausa de Trump y su impacto

El juicio originalmente estaba previsto para el 7 de abril, pero se pospuso luego de que Donald Trump firmara la orden ejecutiva titulada “Suspensión de la Aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero para Promover la Seguridad Económica y Nacional de Estados Unidos”, lo que congeló temporalmente la aplicación de la FCPA.

Una semana después, las partes acordaron posponer el juicio para el 11 de agosto. Ahora, una nueva reprogramación lo empuja hasta septiembre.

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¿Qué puede pasar ahora?

Aunque los cargos actuales contra Cosenza se centran en lavado de dinero, la entrada en vigor de la nueva Foreign Extortion Prevention Act (FEPA), aprobada por el Congreso de Estados Unidos en diciembre de 2023, podría abrir otra puerta judicial.

Esta ley permite imputar directamente a funcionarios extranjeros por pedir o recibir sobornos, incluso si el dinero no circuló por bancos estadounidenses.

Esa herramienta legal podría fortalecer el caso contra Cosenza y convertir este juicio en un precedente clave para procesar a funcionarios corruptos de otros países desde suelo estadounidense.

El juicio contra Cosenza parecía inminente, pero la política volvió a alterar la ruta judicial.

Aunque se postergó por segunda vez, los fiscales están decididos a llevar el caso a juicio cuanto antes.

Si la audiencia de septiembre se mantiene, Honduras podría quedar al desnudo en una corte estadounidense, con funcionarios, contratos y sobornos bajo la lupa internacional.