El juicio en Miami contra Carl Alan Zaglin, un empresario de 70 años originario de Georgia, reveló cómo los sobornos se convirtieron en la llave para abrir las puertas de la Tasa de Seguridad en Honduras.
Durante casi un lustro, Zaglin aseguró contratos por más de 10 millones de dólares para la venta de uniformes policiales, no con competencia leal, sino con dinero ilícito que fluía en secreto hacia funcionarios hondureños.
El caso no solo desenmascaró a un empresario: mostró cómo un fideicomiso creado para proteger a la población terminó hundido en la sombra de la corrupción.
Cómo operaba la red de sobornos en el caso Zaglin
Las pruebas demostraron que entre 2015 y 2019, Zaglin, al frente de Atlanco LLC, ejecutó pagos ilegales disfrazados de “honorarios” y “comisiones”.
Los destinatarios eran altos funcionarios de la Tasa de Seguridad: Francisco Roberto Cosenza, su exdirector ejecutivo, y Juan Ramón Molina, exdirector titular.
Ambos aceptaron sobornos que garantizaron a Zaglin la continuidad de los contratos para vestir a la Policía Nacional de Honduras.
El intermediario clave fue Aldo Néstor Marchena, residente en Florida, quien recibió más de 2.5 millones de dólares en transferencias falsas. Su papel consistía en distribuir el dinero y mantener la maquinaria en movimiento.
Lenguaje cifrado y empresas fachada en sobornos a Tasa de Seguridad
El expediente judicial detalló un sistema meticulosamente diseñado para encubrir los sobornos. Los implicados hablaban de “Miami” para referirse a Marchena, de “los chicos” para aludir a los funcionarios hondureños, y firmaron acuerdos ficticios de intermediación que justificaron servicios inexistentes.
El dinero viajó desde Atlanco hacia cuentas en Estados Unidos, Belice y otros países, oculto en un laberinto de transferencias y empresas fachada que daban apariencia de legalidad a un negocio torcido desde su raíz.
Condenas y colaboración internacional en caso de corrupción en Honduras
Mientras Zaglin enfrentaba al jurado, sus socios fueron admitiendo culpas. Marchena, Cosenza y Molina se declararon culpables de conspiración para lavado de dinero entre 2024 y 2025.
La cooperación de autoridades en Belice, Colombia y España resultó clave para armar el rompecabezas transnacional de la investigación.
El jurado declaró a Zaglin culpable de tres delitos: conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violación de la FCPA y conspiración para cometer lavado de dinero.
Además, cada cargo lo acerca a una sentencia que podría extenderse por décadas en prisión, según los fiscales.
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Juicio a Zaglin: un recordatorio contra la corrupción transnacional
El fiscal adjunto Matthew R. Galeotti advirtió que este caso envía un mensaje claro: “Sobornar a funcionarios gubernamentales socava el Estado de derecho y distorsiona los mercados”.
Las palabras muestran que la corrupción es un fenómeno que trasciende fronteras y que los sobornos deshilacharon la confianza en las instituciones hondureñas.
Por ello, el veredicto contra Zaglin marca el cierre de un capítulo judicial, pero también un hito en la lucha contra la corrupción transnacional.
La historia de los sobornos a funcionarios de la Tasa de Seguridad muestra que ningún esquema corrupto es eterno: tarde o temprano, la justicia alcanza a quienes torcieron el sistema en beneficio propio.
