Un juez con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dictó este lunes el sobreseimiento definitivo a favor de cinco exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes enfrentaban acusaciones por el delito de prevaricato judicial.
Los exmagistrados sobreseídos son Lidia Álvarez, Reina Hércules, Jorge Zelaya Saldaña, Edwin Ortez y Jorge Avilio Serrano, quienes formaron parte de la Sala Constitucional durante el período 2016-2023.
Según la acusación del Ministerio Público (MP), los exjueces habían emitido resoluciones arbitrarias en un caso de corrupción que desvió más de 80 millones de lempiras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por parte del Sindicato de Docentes (SEDUNAH).

En ese proceso el SEDUNAH embargó cuentas a la UNAH y mediante órdenes judiciales se transfirieron fondos deducidos. El MP indicó que esos recursos terminaron en cuentas personales.
La resolución
La portavoz de los juzgados de Tegucigalpa, Bárbara Castillo, informó en Noticieros Hoy Mismo de TSi que, en la audiencia de este lunes, se demostró que los exmagistrados no emitieron un fallo para favorecer al SEDUNAH.
Castillo añadió que, según se determinó, el fallo fue emitido el 28 de julio de 2015 por otros exmagistrados de la Sala Constitucional (período 2009-2016).
La portavoz también señaló que el Ministerio Público no está de acuerdo con la resolución del juez, por lo que tendrá tres días para presentar un recurso de apelación. En caso de apelación, será la Corte de Apelaciones la que confirme o revoque la resolución.
Este caso involucra al juez ejecutor Germán Ubaldo Flores Matamoros y al expresidente del SEDUNAH, Carlos Manuel Moreno Lizardo, quienes en diciembre pasado fueron sujetos a prisión preventiva por parte del juez en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
¿Qué es prevaricato?
Este delito se comete cuando una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.
El Código Penal de Honduras en su Artículo 498 advierte que si un funcionario o empleado público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para cargo u oficio público de cinco (5) a diez (10) años.
Si la resolución arbitraria es manifiestamente injusta y se dicta por imprudencia grave, la pena se reduce a inhabilitación especial para cargo u oficio público de tres (3) a cinco (5) años
