El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este martes 1 de septiembre sobreseimiento definitivo a favor del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en el proceso penal que enfrentó por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos.
La resolución se produjo después de concluir la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público sostuvo que existían elementos suficientes para continuar el proceso penal contra el exmandatario.
La Fiscalía solicitó un auto de formal procesamiento y prisión preventiva, mientras la defensa pidió el sobreseimiento definitivo.
Con la resolución conocida este martes, el juzgado acogió la petición de la representación legal de Hernández respecto de los delitos examinados en esta causa.
De interés: Juan Orlando Hernández regresa a Honduras tras ser indultado en Estados Unidos
¿Qué investigaba el proceso contra Juan Orlando Hernández?
El proceso estaba relacionado con hechos ocurridos entre 2010 y 2013, período durante el cual Hernández ejerció como presidente del Congreso Nacional.
Según el requerimiento fiscal, durante esos años se efectuaron transferencias bancarias y ampliaciones presupuestarias relacionadas con el Congreso Nacional, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
La acusación establecía que más de L288 millones se canalizaron mediante dos empresas señaladas como de “maletín”.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, esos recursos se utilizaron para financiar actividades de una organización política que buscó alcanzar la Presidencia de la República.
El caso Pandora II, se abrió en 2023 y permaneció pendiente mientras Hernández guardó prisión en Estados Unidos.
Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó que "luego de la valoración en cuanto a los delitos de lavado de activos y fraude, el juez determinó que no existió trazabilidad del dinero para campaña política y se dicta sobreseimiento definitivo. Además se deja sin valor y efecto las medidas".
El proceso se reactivó tras su regreso a Honduras
Antes del retorno de Juan Orlando Hernández al país, el Juzgado de Letras Natural Designado resolvió suspender temporalmente la orden de captura y la alerta roja internacional emitidas dentro de esta causa.
La decisión se adoptó después de que la defensa comunicara la intención del exmandatario de presentarse voluntariamente ante la justicia hondureña.
Hernández compareció el 3 de agosto de 2026 ante el órgano jurisdiccional y ese día, el juez determinó que enfrentaría el proceso bajo medidas distintas a la detención judicial.
Entre ellas figuraban la prohibición de salir del país, permanecer bajo el cuidado y vigilancia de su equipo de defensa y la presentación de informes semanales. También rindió caución juratoria.
Posteriormente comenzó la audiencia inicial, durante la cual el Ministerio Público y la defensa presentaron sus respectivos medios de prueba y argumentos.
Fiscalía pidió procesamiento y defensa solicitó cerrar la causa
Al finalizar la audiencia inicial, las partes mantuvieron posiciones opuestas. El Ministerio Público ratificó la acusación por fraude y lavado de activos y solicitó auto de formal procesamiento acompañado de prisión preventiva.
La Fiscalía argumentó que las pruebas evacuadas permitían establecer una posible participación del expresidente en los hechos investigados.
La defensa sostuvo, por su parte, que las decisiones relacionadas con determinados movimientos presupuestarios correspondían al Poder Ejecutivo y no al Legislativo.
También planteó como antecedente que otros coimputados dentro de la misma causa habían recibido sobreseimiento definitivo por parte de una Corte de Apelaciones.
Concluidas las argumentaciones, el juez convocó para este martes 1 de septiembre, para comunicar si el proceso continuaba o terminaba en esta etapa.
La decisión favoreció al expresidente Juan Orlando Hernández, al dictarse sobreseimiento definitivo en el proceso por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos.
Al expresidente lo detuvieron en febrero de 2022 en Tegucigalpa y lo extraditaron a Nueva York en abril de ese año.
Un tribunal de Estados Unidos lo declaró culpable por cargos de narcotráfico y uso de armas de fuego en marzo de 2024.
La fiscalía estadounidense señaló que usó recursos del Estado para proteger carteles de droga.
Tras cumplir parte de su condena de 45 años, recibió un indulto presidencial en noviembre de 2025.
Lea también: MDC de Nueva York: la prisión donde estuvo JOH y ahora recluyen a Maduro
