“¿Qué certeza hay de que estos fondos de emergencia lleguen a donde tienen que ir y no se desvíen en el camino?”.
La pregunta, planteada por varios representantes de la sociedad civil, resume la inquietud que despierta el anuncio del Gobierno hondureño de destinar 500 millones de lempiras para atender los daños provocados por las lluvias en distintas regiones del país y en plena campaña electoral hacia las elecciones generales de Honduras 2025.
Juan Carlos Rodríguez, de la Coalición Patriótica, sostiene que el principal obstáculo no es el dinero, sino la desconfianza ciudadana.
“El problema que tenemos ahora es que la desconfianza del pueblo hondureño es grande por las experiencias con los políticos que hacen uso de los fondos públicos de una forma o de otra”, afirma.
Para Rodríguez, la entrega de recursos en medio de la crisis climática no siempre responde a una necesidad real.
“Tenemos que entender que muchas veces es una estrategia política y de campaña que estén utilizando estas afectaciones climáticas ya muy cercanas a las elecciones generales, así como la distribución del bono climático, que se da no propiamente para cubrir necesidades sino para compra de conciencia en los votantes”, advierte.
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Fondos de emergencia y el uso político del desastre
El representante de la Coalición Patriótica recuerda que este patrón no es nuevo.“El gobierno pasado también hizo lo mismo, pero este gobierno triplicó la cantidad en fondos de emergencia”, señala.
Y agrega que “muchas veces la suspicacia está en el pueblo hondureño, alimentada por lo que se ha hecho y por esta polaridad que han hecho los políticos y los personeros de gobierno”.
“El lobo no puede cuidar ovejas”, sentencia, al referirse a la Secretaría de Transparencia, la cual considera no idónea para vigilar el uso de los fondos.
"No es un ente del mismo gobierno el que nos va a dar la confianza de que algo se esté manejando mal o bien, sino que sencillamente es la veeduría de un ente externo del Gobierno de cualquier organización que haga la auditoría para decir que las cosas se hacen bien o mal”, enfatiza.
“Un PCM de emergencia no es un cheque en blanco”
Desde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar coincide en que el problema no es ayudar, sino cómo se manejan los recursos.
“Ese asistencialismo no está mal; lo que está mal es que exista politización. Está mal que exista segmentación de la entrega de esas ayudas a personas que puedan llegar a ser correligionarios, en este caso del partido de Gobierno”, explica.
Aguilar advierte sobre un patrón de distribución que prioriza intereses políticos antes que la necesidad.
“Con una mala planificación se utiliza y entrega el bono climático en zonas que no requieren esa asistencia, sino en zonas donde el partido de Gobierno requiere mayor aceptación”, detalla.
El experto en transparencia recuerda que la declaratoria de emergencia no debe interpretarse como un permiso para la opacidad.
“El hecho de estar con un PCM de emergencia no significa que es tener un cheque en blanco, no significa que los funcionarios públicos no van a rendir cuentas o que los fondos se van a manejar de manera opaca”, subraya.
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Diputado Umaña: “Las compras directas abren la puerta a la corrupción”
El diputado Carlos Umaña también se suma a las críticas, señalando que los fondos de emergencia están rodeados de opacidad debido a la autorización de compras directas.
“Ese proceso da lugar a que se pidan tres cotizaciones a compañías para participar en el proceso. Pero la mayoría de gobiernos avisa a sus amigos para que hagan las ofertas oportunas, y esa ley tiene trampa”, denuncia.
Umaña asegura que, en la práctica, las empresas se ponen de acuerdo para ofertar a precios elevados, dejando fuera a competidores reales.
“Exigen documentos que solo compañías diseñadas para ese efecto pueden presentar”, explica.
Agrega que la veeduría ciudadana es el único mecanismo capaz de frenar ese tipo de abusos, pero lamenta que “están vetadas por este gobierno y el modus operandi ha sido precisamente las contrataciones directas”.
Transparencia, el verdadero desafío ante emergencias
Para Gustavo Irías, director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), el manejo de los fondos de emergencia en períodos electorales exige un mayor nivel de vigilancia.
“La utilización de fondos públicos con fines de emergencia, en especial en períodos electorales, requiere ser manejada con transparencia”, indica.
Irías recuerda que Honduras ya tiene una larga lista de antecedentes en los que los recursos de emergencia se desviaron o se usaron con fines cuestionables.
“La historia del país está llena de ejemplos de prácticas corruptas en situaciones de emergencia: el Mitch, Eta, Iota y muchas más”, advierte.
El director del Cespad propone medidas concretas para recuperar la confianza:“Esto supone habilitar mecanismos que garanticen el acceso a la información, la auditoría ciudadana por organizaciones sociales y la rendición de cuentas”, dice.
Y subraya que la transparencia es esencial, porque “la gestión de esos recursos públicos debe evidenciar que efectivamente fueron empleados para atender los aspectos más críticos de la emergencia: alimentos, albergue y servicios de salud”.
"Atender la emergencia sin apuntar a las causas estructurales del ordenamiento de la ciudad solo sería quedarse en la superficie, y como siempre, no resolver los problemas de fondo”, analiza Irías.
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Una oportunidad para recuperar la confianza
En medio de un país golpeado por la lluvia y la desconfianza, a pocas semanas de las elecciones del 30 de noviembre, la sociedad civil coincide en un llamado urgente: la transparencia no puede esperar.
Las emergencias seguirán ocurriendo, pero lo que determine el futuro de Honduras será cómo se manejen los recursos.
Porque, como dice Rodríguez, “la confianza no se decreta, se gana con hechos”, y este es el momento de demostrarlo.
