La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) informó este jueves que apenas un 3 % de las denuncias interpuestas por las víctimas de extorsión han derivado en una sentencia condenatoria contra los involucrados en este flagelo en Honduras.
"Estamos hablando de una amenaza constante que se extiende por gran parte del país, y esto obliga a la sociedad civil a alertar a las autoridades sobre la necesidad de medidas más contundentes y eficientes", indicó Nelsón Castañeda, director de seguridad y justicia de la ASJ.
En ese sentido el Monitor de Impacto de la Extorsión en Honduras, diseñado por la ASJ, indicó que, desde diciembre de 2022, cuando se declaró el estado de excepción, con el objetivo de combatir la extorsión, desde entonces han pasado 596 días, sin embargo, unos 283,952 hogares han sido víctimas de extorsión.
Denuncias
De enero a mayo del presente año, unas 891 denuncias han sido interpuestas ante la Policía Nacional, pero sólo se reportan 484 detenciones y solo 27 casos han derivado en una condena contra los acusados ante los juzgados competentes, es decir el 3%.
Lo anterior develó un Índice de impunidad en extorsión de 99%, considerando las variables del número estimado de hogares víctimas de la extorsión y el número de sentencias condenatorias reportadas por el Poder Judicial.
No obstante, considerando únicamente los datos oficiales presentados por las instituciones del sistema de justicia penal, con el número de denuncias registradas y el número de sentencias condenatorias, el Índice de impunidad por extorsión es de 97%.
Recomendaciones
Por lo anterior, la ASJ recomendó a la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Poder Judicial y demás instancias vinculadas a resguardar y colaborar con la seguridad nacional, a mejorar e implementar estrategias antiextorsión que resulten efectivas para el bien colectivo de la población hondureña.
¿Cuándo se le dio vida al estado de excepción en Honduras?
En diciembre de 2022, el gobierno de Xiomara Castro suspendió las garantías constitucionales mediante el decreto ejecutivo PCM 29-2022, en el que se aplica estado de excepción para hacerle frente a la delincuencia común y organizada, y dar con el paradero de los actores de delitos como la extorsión, preservar la vida, restablecer la paz y el orden público.
