El Juzgado de Letras de lo Penal admitió el requerimiento fiscal presentado contra el general en condición de retiro, Roosevelt Hernández. Con esta resolución, la judicatura dio luz verde al proceso judicial incoado por el Ministerio Público contra el exjefe de las Fuerzas Armadas.
La vocera del Poder Judicial, Bárbara Castillo, confirmó que la audiencia de declaración de imputado quedó fijada para el próximo 7 de agosto a las 10:30 de la mañana. En dicha cita, el juez notificaría oficialmente los cargos que pesan en contra del imputado.
A Hernández Aguilar se le acusa por la presunta comisión de los delitos de incitación a la discriminación y limitación de derechos fundamentales. Los perjudicados en la causa son los comunicadores Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Arenas, Juan Carlos Sierra y José Adán López.
Origen de las acusaciones presentadas
Según la relación de hechos de la fiscalía, el expediente surge por declaraciones emitidas por el exjefe militar en el marco del periodo electoral.
Durante sus intervenciones públicas, el encausado habría calificado a los denunciantes como "sicarios de la información".
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El ente acusador sostiene que estos señalamientos vulneraron la seguridad e integridad de los periodistas en el ejercicio de su profesión. Ante esto, la representación del Estado tipificó las conductas bajo los delitos penales citados para abrir la causa formal.
Postura de la defensa técnica
Por su parte, el abogado defensor Darwin García aseguró que el general en retiro comparecerá de manera voluntaria a la cita judicial. El profesional del derecho enfatizó que su representado no eludirá la justicia y se presentará a dar la cara.
No obstante, la defensa cuestionó la calificación del Ministerio Público al considerar que los hechos no se configuran como un delito de orden público.
Asimismo, señaló que formularán los alegatos e impugnaciones correspondientes durante la audiencia inicial para desvirtuar la acusación.
Garantías procesales en el expediente
El equipo legal del imputado también objetó la falta de participación de la defensa durante la juramentación de peritos en las diligencias previas. Pese a estas observaciones, confiaron en que el tribunal respetará las garantías constitucionales durante el juzgamiento.
Finalmente, la representación técnica remarcó que exigirán el estricto apego al principio de presunción de inocencia y al debido proceso. La audiencia del 7 de agosto definirá las primeras medidas cautelares dentro de este caso penal.
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