Las recientes reformas al Código Penal orientadas a fortalecer el combate contra el femicidio continúan generando posiciones encontradas entre especialistas, legisladores, abogados y defensores de derechos humanos, quienes coinciden en la necesidad de reducir la violencia contra las mujeres, pero discrepan sobre el alcance y los efectos de las nuevas disposiciones legales.
El tema fue analizado durante el programa 30/30, donde participaron la directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH (ONV-UNAH), Migdonia Ayestas; la diputada Sara Zavala; el abogado Fernando González; la defensora de derechos humanos Cristina Alvarado y el comisionado de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, quienes expusieron argumentos a favor y en contra de las reformas.
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Las reformas buscan frenar los femicidios
La diputada Sara Zavala, integrante de la comisión especial que analizó las modificaciones, explicó que el objetivo principal de las reformas no es únicamente aumentar las penas, sino enviar un mensaje de rechazo a la violencia contra las mujeres y fortalecer la respuesta del Estado frente a este fenómeno.
La congresista recordó que el proceso incluyó mesas de diálogo con organizaciones sociales, instituciones estatales y representantes de distintos sectores políticos, de las cuales surgieron recomendaciones para reformar el Código Penal y fortalecer los mecanismos de investigación y persecución del delito.
Según indicó, las estadísticas muestran que alrededor de 240 mujeres pierden la vida de forma violenta cada año en Honduras, mientras que una parte importante de los casos continúa sin resolución judicial. También señaló que aproximadamente tres de cada cuatro asesinatos de mujeres son cometidos con armas de fuego, situación que calificó como alarmante.
Observatorio advierte altos niveles de violencia e impunidad
Durante el debate, Migdonia Ayestas presentó cifras sobre la violencia contra las mujeres en Honduras.
Explicó que entre 2005 y 2025 se registraron 8,030 muertes violentas de mujeres, mientras que solo en los primeros seis meses de 2026 ya se contabilizan 140 casos, dos más que en el mismo período del año anterior.
La directora del Observatorio señaló que Honduras continúa figurando entre los países con mayores índices de muertes violentas de mujeres en América Latina y afirmó que el 95 % de los casos permanece en la impunidad, lo que, a su juicio, envía un mensaje de falta de consecuencias para los agresores.
Asimismo, indicó que el Distrito Central concentra la mayor cantidad de casos, seguido por Trujillo, San Pedro Sula, Choloma y Puerto Cortés.
Violencia comienza antes del femicidio
Ayestas sostuvo que las muertes violentas de mujeres representan la etapa final de un proceso de violencia que suele iniciar con agresiones psicológicas, físicas, sexuales y patrimoniales.
También afirmó que la mayoría de los agresores sexuales contra niñas pertenece al entorno familiar cercano, incluyendo padres, padrastros, abuelos, tíos u otras personas de confianza.
La especialista insistió en que la prevención debe convertirse en una prioridad nacional mediante educación, fortalecimiento institucional y acciones dirigidas a modificar patrones culturales relacionados con la violencia de género.
Fernando González anuncia recurso de inconstitucionalidad
En contraste, el abogado Fernando González cuestionó varios aspectos de las reformas y anunció que presentará un recurso ante la Sala de lo Constitucional.
Su principal argumento se basa en el principio de igualdad ante la ley, al considerar que hombres y mujeres deben recibir el mismo tratamiento jurídico conforme a la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Durante el foro también criticó el aumento de penas para determinados delitos y sostuvo que algunas disposiciones podrían afectar derechos fundamentales y el debido proceso. Además, expresó que el Estado debe proteger por igual la vida de hombres y mujeres.
Leonel Núñez cuestiona el alcance de las reformas
Por su parte, el comisionado de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, centró su intervención en las cifras generales de homicidios.
Según expuso, durante los últimos años la mayoría de las víctimas de homicidio en Honduras han sido hombres, por lo que consideró que el país debe fortalecer las investigaciones tanto en los casos de muertes violentas de mujeres como de hombres.
Núñez también expresó preocupación por algunas de las nuevas sanciones contempladas para personas condenadas por violencia doméstica, al considerar que podrían generar consecuencias adicionales relacionadas con antecedentes, empleo y otros derechos, aspecto que, desde su perspectiva, merece un análisis más profundo.
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Cristina Alvarado señala debilidades en la respuesta judicial
La defensora de derechos humanos Cristina Alvarado manifestó que el principal problema no radica únicamente en las penas establecidas por la ley, sino en la capacidad del Estado para investigar y sancionar los delitos.
Expuso que, según registros del sistema de justicia, de 2,278 muertes violentas de mujeres y femicidios documentados entre 2019 y 2025, únicamente 155 casos fueron judicializados y solo 67 concluyeron con una sentencia condenatoria.
A su criterio, estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer las unidades especializadas de investigación, capacitar operadores de justicia y mejorar la atención institucional para reducir los niveles de impunidad.
Un debate que continuará en el ámbito jurídico
El intercambio de opiniones dejó en evidencia que, aunque existe consenso en la necesidad de combatir la violencia contra las mujeres, persisten diferencias sobre la forma en que debe hacerlo el Estado.
Mientras algunos sectores consideran indispensable endurecer las sanciones para enviar un mensaje de cero tolerancia frente al femicidio y la violencia doméstica, otros sostienen que las reformas deben revisarse para garantizar el respeto a los principios constitucionales y evitar posibles afectaciones a derechos fundamentales.
El debate también puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer la prevención, mejorar la investigación criminal y reducir la impunidad, factores que distintos participantes identificaron como determinantes para disminuir la violencia que afecta al país.
