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Estos individuos recuperaron su libertad durante la audiencia inicial por decisión de un juez.

Según un comunicado del Ministerio Público, la FEDCV solicitó la modificación del delito de homicidio a asesinato, respaldando su petición con siete medios de prueba, entre los que se incluyen el dictamen preliminar de autopsia de la víctima, el peritaje del video grabado por una cámara de seguridad, y dictámenes balísticos de las armas. Estos elementos, según la Fiscalía, respaldan la culpabilidad de los acusados.

No obstante, en la audiencia inicial, el juez responsable argumentó que no existían resultados positivos en las armas, y que los casquillos comparativos eran diferentes a los presentados por la Fiscalía.

"Según la investigación criminal y científica llevada a cabo, no es así, porque los fiscales responsables de impulsar el caso afirman que todos los indicios salieron positivos", explicó la portavoz del Ministerio Público, Yulissa Gómez.

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Video no es suficiente

El juez también cuestionó la contundencia del video como prueba, señalando que no se observa claramente quién disparó contra la ciudadana. En consecuencia, dictó un auto de formal procesamiento por el delito de portación ilegal de armas y sobreseimiento provisional por el delito de asesinato.

"A criterio policial, siento que se presentaron los indicios y pruebas pertinentes. Vamos a tener que dialogar con el coordinador de fiscales y parte del Poder Judicial para determinar qué ocurrió en esta audiencia, ya que las personas fueron detenidas en flagrancia con indicios que los relacionan con la escena", manifestó el jefe de la Policía Nacional en Copán, Samir Rodríguez a TN5 Matutino de Canal 5.

Ante estas decisiones, según el comunicado, la Fiscalía Regional de Occidente anunció que presentará un recurso de apelación. Los fiscales sostienen que existe una prueba vinculante para dictar el auto de formal procesamiento, y argumentan que el artículo 245 del Código Procesal Penal establece claramente que en la audiencia inicial solo se propondrá el peritaje. Cualquier aclaración necesaria, según el código, debe realizarse citando al perito para ratificar, completar personalmente o por escrito el informe presentado.

La fiscalía considera que la liberación de los sospechosos no se ajusta a los procedimientos legales y buscará revertir esta decisión mediante el recurso de apelación.

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