Tras una audiencia de poco más de una hora, un juez de los Juzgados en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente determinó enviar en detención judicial al ex subcomisionado de la Policía Nacional José Orlando Leiva Natarén, acusado por el delito de lavado de activos.
Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, confirmó que el procesado deberá permanecer por los próximos tres días en la Penitenciaría Nacional de Támara. La audiencia inicial se realizará el viernes 24 de enero a las 8:30 de la mañana.
La esposa no se presentó
Este martes, el ex oficial, se entregó a las autoridades para enfrentar cargos por lavado de activos.
Inicialmente se había informado que su esposa, Nancy Patricia Sánchez Cruz, también se entregaría pero su apoderado legal informó que esto no sucedió porque ella tenía asuntos familiares que resolver.
La entrega del oficial, que parecía improbable tras años de procesos legales, llega luego de una investigación que sacudió las entrañas de la estructura policial y la confianza ciudadana.
El ex subcomisionado fue presentado en la audiencia de declaración de imputado, en un proceso donde debe responder por un supuesto incremento patrimonial injustificado y movimientos financieros que, según el Ministerio Público, no corresponden con sus ingresos legítimos.
Un caso que data de 2016
El proceso contra Leiva Natarén y Sánchez Cruz inició hace más de siete años, cuando fiscales de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) detectaron irregularidades financieras.
Según los informes, entre 2006 y 2017, el subcomisionado movió cerca de 913 millones de lempiras en el sistema financiero, de los cuales más de 300 millones no pudieron ser justificados.
Las investigaciones señalan que una parte significativa de estos fondos estaba vinculada a la empresa CONAR, de la cual Leiva Natarén era propietario.
Los fiscales determinaron que las operaciones de esta compañía y los ingresos del oficial no sustentaban los movimientos de dinero.
Un oscuro episodio en Estados Unidos
Cuando José Orlando Leiva Natarén supo de la existencia de un requerimiento fiscal acompañado de una orden de captura abandonó Honduras para evitar su captura.
Su destino, Estados Unidos, donde logró establecerse y continuar con sus actividades.
Según una fuente oficial, Leiva Natarén residía en Florida, amparado por una visa de inversionista.
Además, era propietario de una empresa de transporte de carga que opera en esa región.
La Fiscalía de Honduras solicitó su extradición y se esperaba que llegara al país en 2018, pero esa petición no prosperó. Según se informó, el expolicía y su esposa ingresaron este lunes 20 de enero.
Las autoridades mantuvieron comunicación con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés).
Funcionarios estadounidenses expresaron sorpresa al descubrir que Leiva Natarén había ingresado al país como inversionista.
Impacto en la institución policial
El caso de Leiva Natarén ha sido emblemático en el marco de la depuración policial que inició en Honduras hace una década.
Su situación no solo puso en tela de juicio la integridad de los altos mandos, sino que también alimentó el debate sobre la necesidad de una vigilancia más estricta a los funcionarios públicos.
La cifra de 313 millones de lempiras es alarmante, pero aún más lo es la supuesta red de protección y silencio que permitió que estos movimientos pasaran desapercibidos durante años.
Se presentará ante la justicia
El proceso del exoficial genera múltiples interrogantes ¿Admitirá los cargos? ¿Ofrecerá explicaciones para justificar los fondos? ¿Se revelarán nuevos nombres involucrados en la red de lavado de activos?
Brenda Cruz, abogada de la defensa, aseguró que su cliente colaborará con el proceso judicial, aunque no adelantó si buscarán un acuerdo con la Fiscalía.
La audiencia comenzó poco después de las 10:00 de la mañana de hoy, martes, en los Juzgados en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente.
El caso de José Orlando Leiva Natarén muestra las grietas en el sistema de justicia y en las instituciones de seguridad de Honduras.
Su entrega voluntaria puede ser vista como un gesto de responsabilidad o como una estrategia para mitigar el impacto de las acusaciones.
Lo cierto es que este proceso será clave para demostrar si el sistema judicial está preparado para combatir la corrupción en sus niveles más altos.
La apertura del proceso judicial no solo determina el futuro inmediato del ex subcomisionado, sino que también definirá si la justicia hondureña está lista para enfrentar a quienes traicionaron la confianza pública desde posiciones de poder.
