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El Gobierno de Honduras debe desistir del proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne, en el Caribe hondureño, y evitar anunciar una nueva licitación tras el fracaso del primer proceso debido al incumplimiento de requisitos por parte de los oferentes, según sugieren organizaciones de la sociedad civil.
Ana Velásquez, especialista en medio ambiente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), advirtió que la Isla del Cisne es un área protegida oceánica, y que la construcción de una prisión allí provocaría contaminación marina.
"Este proyecto es inviable desde el inicio; estamos hablando de dañar no solo el arrecife, sino todo el sistema pesquero y el ecoturismo del que dependen algunas comunidades", afirmó Velásquez en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5 este sábado.
La representante de ASJ aseguró que no se oponen a la construcción de cárceles en Honduras, pero instó a las autoridades a abrir espacios de diálogo con comunidades y organizaciones civiles, y a evitar proyectos en áreas donde las edificaciones puedan causar daños ambientales.
El comandante de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), coronel Ramiro Muñoz, confirmó el viernes que la licitación para construir la prisión en Isla del Cisne fracasó porque las dos empresas finalistas no presentaron las garantías bancarias requeridas en el sistema financiero hondureño.
La licitación comenzó con 12 empresas, de las cuales seis presentaron documentación; posteriormente, una se retiró. Finalmente, quedaron cinco empresas, de las cuales tres clasificaron, pero una se desistió, quedando solo dos oferentes que no cumplieron con el requisito de la garantía bancaria.
Muñoz explicó que una de las dos empresas es internacional y no calificó porque sus garantías bancarias están en bancos extranjeros.
Nueva licitación
Ramiro Muñoz anunció que han invitado nuevamente a las empresas que participaron en el proceso, así como a otras interesadas, a presentar sus propuestas para evaluarlas, asegurando que el proyecto de la cárcel en la isla no se detendrá.
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente aprobó la primera fase de la licencia ambiental para la construcción de la prisión, que incluye estudios biológicos, marino-costeros y medidas de mitigación en la isla.
Las autoridades de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) estiman que la construcción de la cárcel, que albergará a unos dos mil reclusos de alta peligrosidad, tendrá un costo de aproximadamente 80 millones de dólares, lo que equivale a más de 1,900 millones de lempiras.
La presidenta Xiomara Castro anunció a finales de 2023 la construcción de esta cárcel, junto con otra que albergaría a 20,000 personas, en zonas boscosas entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, como parte de un plan para reducir la violencia y el crimen organizado.