La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, confirmó este lunes que el tratado de extradición de Honduras con Estados Unidos terminará en seis meses. Además, aseguró que el Poder Judicial no ha recibido nuevas solicitudes de extradición desde la Cancillería.
"Tengan la certeza de que si la Cancillería hubiera recibido una orden de extradición, ya se habría enviado al Poder Judicial. La primera persona que lo conoce soy yo, y no hay ninguna orden de extradición. Como saben, el tratado sigue vigente durante seis meses, así que quedan seis meses debido a la denuncia del tratado", expresó Ráquel a la prensa en San Pedro Sula, al norte de Honduras.
El 28 de agosto, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó a la Cancillería denunciar el tratado de extradición, después de que la embajadora estadounidense Laura Dogu criticara una reunión de funcionarios castrenses con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, acusado de narcotráfico por Estados Unidos.
El tratado de extradición fue suscrito entre Honduras y Estados Unidos en enero de 1909, pero se publicó en La Gaceta hasta septiembre de 1912.
No obstante, el convenio estuvo inactivo hasta enero de 2012, cuando el Congreso Nacional reformó el artículo 102 de la Constitución de la República para permitir la extradición de hondureños solicitados por Estados Unidos por tráfico de drogas y crimen organizado.
Las extradiciones de hondureños comenzaron en 2014 mediante un Auto Acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia, a raíz del tratado. Este puede ser terminado por cualquiera de las partes, notificando con seis meses de anticipación.
¿Retrocede Honduras al eliminar las extradiciones?
La presidenta de la CSJ fue consultada sobre si Honduras está retrocediendo al eliminar el tratado con Estados Unidos, después de haber sido un instrumento para entregar a narcotraficantes a la justicia estadounidense.
Ráquel también enfatizó que la CSJ, como miembro del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, avaló poner fin al tratado de extradición, precisamente porque fue una decisión del Ejecutivo.
Rebeca Ráquel respondió que los poderes de Honduras son independientes y, por lo tanto, la decisión de terminar las extradiciones corresponde al Poder Ejecutivo.
"A nosotros solo nos corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado con las leyes, con la Constitución y los tratados que tengamos vigentes. No podemos salirnos de las normas", expresó.
Por otro lado, Ráquel aseguró que la CSJ está trabajando en robustecerse al limpiar y sanear el Poder Judicial de redes de corrupción. "No es un camino fácil, pero estamos decididos a hacer el debido proceso", concluyó.
