El economato nació como una alternativa para evitar que el dinero en efectivo circulara dentro de las cárceles hondureñas. La idea era simple: sustituir los billetes por tarjetas de consumo para reducir extorsiones, compras ilegales y disputas internas dentro de los penales.
Pero en Támara, el sistema terminó envuelto en un escándalo que hoy tiene bajo investigación a las autoridades penitenciarias y expone una verdad incómoda: en las cárceles, el dinero nunca deja de mandar.
Detrás de los muros del principal centro penal del país, las tarjetas del economato dejaron de ser únicamente una herramienta administrativa.
Se convirtieron en el epicentro de denuncias por pérdidas millonarias, fondos congelados y reclamos de privados de libertad que aseguran haber quedado con dinero atrapado dentro del sistema.
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El economato bajo sospecha
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, defendió el uso del economato.
Maldonado asegura que el problema no es el mecanismo, sino las irregularidades detectadas en Támara. “Es una medida de seguridad”, afirmó.
Según explicó, desde hace meses se discutía la situación dentro del penal y las autoridades buscaban una solución al conflicto generado alrededor del manejo de las tarjetas.
“Como pueden ser ocho millones, pueden ser más”, señaló Maldonado al referirse al presunto faltante detectado en el sistema.
El economato funciona como una tienda interna dentro de las cárceles donde los privados de libertad pueden adquirir alimentos complementarios, artículos de higiene y productos básicos mediante tarjetas recargables, evitando así el uso directo de efectivo.
Sin embargo, las denuncias de reclusos y familiares comenzaron a revelar anomalías que detonaron el escándalo.
Tarjetas cargadas y dinero congelado
De acuerdo con Maldonado, muchos privados de libertad quedaron con tarjetas compradas y cargadas con cantidades superiores a los 10 mil lempiras.
“Para nosotros fue una sorpresa cuando platicamos con los privados de libertad y nos externaron su malestar y preocupación porque tenían las tarjetas y no podían hacer absolutamente nada con ellas”, relató.
El defensor insistió en que permitir nuevamente el ingreso de dinero en efectivo sería un error que podría empeorar el control dentro de los centros penales.
“En Támara con dinero en efectivo se va a volver a convertir en un mercado persa”, advirtió.
A criterio del Codeh, aunque el economato presenta fallas y vulnerabilidades, sigue siendo menos riesgoso que permitir la circulación libre de efectivo.
El coronel separado y la investigación
El escándalo ya tuvo sus primeras consecuencias administrativas. El director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, coronel Juan Carlos Osorto Castillo, fue separado de su cargo.
Mientras avanzan las investigaciones sobre el presunto desfalco millonario, las Fuerzas Armadas confirmaron que el oficial fue puesto en condición de disponibilidad mientras la Inspectoría General desarrolla una investigación administrativa.
El portavoz militar, Héctor Fajardo, explicó que el proceso busca confirmar o descartar las denuncias surgidas alrededor del manejo del economato.
“Es una investigación administrativa que tiene como objetivo confirmar la veracidad o negar los señalamientos”, afirmó.
Añadió que, si se encuentran responsabilidades administrativas, se aplicarán sanciones; y si aparecen indicios de delito, el caso será remitido al Ministerio Público.
El dinero que sigue gobernando las cárceles
El caso de Támara volvió a demostrar que el problema dentro de las cárceles hondureñas no desaparece cambiando billetes por tarjetas.
El dinero sigue circulando, moviendo favores, generando disputas y alimentando estructuras de control dentro de los penales.
Y mientras las investigaciones avanzan y las autoridades intentan determinar qué ocurrió con los millones desaparecidos.
El escándalo del economato deja una señal inquietante: incluso los mecanismos diseñados para imponer orden terminan atrapados por las mismas redes de corrupción que intentaban contener.
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