Con la aprobación de la Ley de Seguridad Poblacional en 2011, se dio vida al Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, conocido como la Tasa de Seguridad, un fideicomiso creado para financiar la lucha contra la criminalidad.

La administración quedó en manos del Banco Central de Honduras (BCH), bajo la dirección de un Comité Técnico.

Pero lo que nació como una respuesta a la violencia, pronto se transformó en un instrumento hermético, legalmente blindado, que se manejó fuera del escrutinio público.

Con el Decreto 418-2013, el fideicomiso se cubrió con la Ley de Secretos, y con el Decreto 322-2013 se le autorizó endeudarse con la banca nacional sin necesidad de divulgar el destino exacto de los fondos.

Ingresos millonarios que acumuló fideicomiso de la Tasa de Seguridad

Entre agosto de 2012 y julio de 2022, el fideicomiso recibió ingresos por:

  • L26,136.3 millones en recaudación de la Tasa y contribuciones.
  • L9,618.7 millones en líneas de crédito con siete bancos.
  • L440.9 millones como patrimonio inicial.
  • L240.9 millones en intereses de inversiones.

Pero ese dinero no pasó por las instituciones que debían ejecutarlo. Fue el Comité Técnico quien dio las instrucciones, y el BCH quien realizó pagos directos a proveedores, sin que quedara constancia clara del propósito específico de muchas transacciones.

Todos los hallazgos aparecen en el Informe RC-FIDEICOMISO TSP-N°092-2023-DFEP-SEFIN, elaborado por el Departamento de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria (DFEP) del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras, y corresponden al período comprendido entre el 17 de agosto de 2012 y el 31 de julio de 2022.

Pagos directos del BCH a proveedores: patrón detrás del manejo del dinero

Aunque más de L26,280 millones se destinaron a instituciones como Seguridad, Defensa, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y el Poder Judicial, en casi todos los casos, el dinero no ingresó a las cuentas oficiales. Por ejemplo:

  • La Secretaría de Seguridad recibió L11,741.8 millones, pero solo L1,677.8 millones pasaron por sus cuentas.
  • El Ministerio Público registró L715.1 millones, pero solo recibió L350.9 millones directamente.
  • Mientras el INP reportó L579.1 millones, pero solo controló L104.4 millones.
  • Y el Poder Judicial ejecutó L558 millones, y apenas L103.6 millones fueron acreditados directamente.

El resto según el informe lo pagó directamente el BCH a proveedores, por orden del Comité Técnico, sin trazabilidad desde las instituciones.

Ley de Inteligencia Nacional ayudó a ocultar ejecución de fondos

La narrativa oficial decía que tanto la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, INP y el Poder Judicial, eran las ejecutoras de los fondos.

Pero el informe revela que, en la práctica, las instituciones no manejaron los recursos. Todo se controló desde el fideicomiso.

El caso más extremo fue el de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), que recibió L890.4 millones.

Cuando el TSC solicitó información, la respuesta fue clara: no podían entregarla, porque su contenido lo protege la Ley de Inteligencia Nacional. No hay forma de auditar cómo se usaron esos fondos.

Comité Técnico: falta de control, secreto institucional y fondos sin rastro

Uno de los hallazgos más graves fue la existencia de L3,615.5 millones categorizados como “No Aplica”, porque los oficios del Comité Técnico no indicaron a qué institución se destinaron.

Además, al cierre de 2022:

  • Se mantenía una deuda viva de L2,549.6 millones con cinco bancos.
  • Ya se habían pagado L2,486.5 millones en intereses.
  • Se registró un déficit total de L2,489.1 millones, acumulado entre 2013 y 2019.

Y el BCH admitió no tener un desglose por proyecto: todo el dinero se manejó en una sola cuenta sin detalle ni destino claro.

Lea también: Desconocen paradero de 3 mil vehículos comprados con fondos de Tasa de Seguridad

Tasa de Seguridad: la ejecución que ni el TSC pudo auditar

Tras revisar la información parcial que entregaron las instituciones y el fiduciario, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) concluyó que no podía emitir una opinión sobre la ejecución de los fondos, y recomendó realizar una auditoría especial.

Las razones fueron múltiples:

  • Falta de acceso a las resoluciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
  • Oficios sin propósito específico.
  • Documentación incompleta o desordenada.
  • Información clasificada por ley.

Un modelo institucionalizado de opacidad en Honduras

La Tasa de Seguridad nació como un fondo extraordinario para enfrentar una crisis nacional.

Pero lo que se configuró fue un modelo sistemático de gasto sin control institucional. Durante diez años:

  • El dinero público se manejó como caja privada.
  • Se ejecutaron obras sin trazabilidad.
  • Se pagaron proyectos sin saber a quién.
  • Se blindó toda información crítica bajo leyes de secreto.

Hoy, ni las instituciones que supuestamente ejecutaron los fondos saben con certeza en qué se usaron. Y el pueblo hondureño, que pagó esa tasa, sigue sin respuestas.