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El gerente del proyecto habitacional Ciudad del Ángel, José Santos Arias Chicas, de 77 años, recibió una pena de 11 años y 11 meses de prisión por el delito de estafa en concurso real continuada a 53 personas.
No obstante, en vista de que no se encontró dicho delito en el Código Penal vigente, se modificó la figura penal a estafa agravada continuada, según la audiencia de lectura de sentencia.
La audiencia se desarrolló en la Sala III del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, donde el 8 de septiembre de 2021 se señaló igualmente la declaratoria de responsabilidad civil, que podría oscilar entre 50 y 200 millones de lempiras, según el Ministerio Público.
Además, Chicas enfrenta otra causa judicial por el delito de desobediencia en perjuicio del orden público, luego de que incumpliera un arresto domiciliario y escapara a España.
Pruebas del caso
Durante el juicio oral y público en el caso Ciudad del Ángel, se presentaron 64 medios probatorios, de estos, 32 declaraciones testificales de las 53 víctimas.
También existen 24 medios de pruebas documentales que se constituían en expedientes de licencias ambientales e inspecciones, entre otros.
El caso fue requerido por la Fiscalía del Consumidor al recibir denuncias de los afectados del proyecto habitacional que se desarrolló al norte de la capital producto de la solicitud de licencia ambiental presentada en 2005 por la empresa Bienes y Raíces Arias a la Unidad de Gestión Ambiental UGAM de la AMDC.
El licenciamiento se dio para 193 viviendas (de las cuales unas 150 están destruidas), aprobadas en junio del 2006, previa firma de Contrato de Medidas de Mitigación. En el mismo también participó Darío Alberto Mejía Valdivieso, igualmente condenado.
Las investigaciones señalaron que la zona era un riesgo para las construcciones del proyecto habitacional, pero el proyecto continuó.
Por su lado, los fiscales sostienen que “durante tuvo vigencia la licencia ambiental, ambas instancias, tanto la SERNA como la AMDC, no hicieron el control y seguimiento a que estaban obligadas.
Asimismo, "ninguna de las dos instituciones exigió a los desarrolladores del proyecto la presentación de los informes que debían proporcionar semestralmente de conformidad al contrato de medidas de mitigación”.
La causa también expuso que “el proyecto se amplió sin solicitar el respectivo permiso ambiental”.
Por ende, se destacaron exfuncionarios de la Alcaldía que supuestamente autorizaron de forma irregular las licencias de obra para construir las viviendas y dictaminar sin revisar el contenido de documentos importantes de la zona como el Mapa Geológico, el Diagnóstico Ambiental Cualitativo y el Informe Hidrológico de COHISA.
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