La tierra es la disputa más visible, pero ya no sería la única pieza detrás de la violencia que vuelve a sacudir el Bajo Aguán. Grupos armados, estructuras del crimen organizado y narcotráfico aparecen ahora en el diagnóstico que hace la Secretaría de Seguridad sobre una de las zonas más conflictivas de Honduras.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, anunció que la Policía reforzará sus operaciones para contener nuevas invasiones de propiedades y desarmar a los grupos que operan en la región, después de los recientes episodios violentos.
Pero entre sus declaraciones hubo una afirmación que lleva el problema mucho más allá de una disputa entre campesinos y propietarios.
Seguridad relaciona parte de lo que ocurre en el Bajo Aguán con estructuras criminales y el tráfico internacional de drogas.
Si vemos la problemática asociada al Bajo Aguán, siempre ha sido de tema de drogas, tráfico internacional de drogas.
Gerson Velásquez, secretario de SeguridadLa declaración introduce otra capa en un conflicto históricamente explicado por la concentración, posesión y recuperación de tierras.
¿Quiénes están detrás de los grupos armados que se mueven en un territorio donde también confluyen intereses del crimen organizado?
De interés: De emboscar policías a una masacre: la huella sangrienta de Los Canechos
Bajo Aguán: la tierra dejó un largo rastro de muertos
Hablar del Bajo Aguán es hablar de un conflicto que no comenzó con los últimos enfrentamientos.
La disputa agraria en esta región de Colón figura entre las más prolongadas y violentas de Centroamérica.
Durante años, campesinos organizados, cooperativas, propietarios, defensores de derechos humanos y autoridades quedaron atrapados en una confrontación marcada por desalojos, ocupaciones, amenazas y asesinatos.
En la última década, más de 200 campesinos, defensores de derechos humanos y abogados vinculados a cooperativas fueron asesinados en la región.
La violencia alcanzó otro punto crítico el 21 de mayo de 2026, cuando al menos 20 campesinos fueron asesinados en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, Colón.
La masacre mostró que la disputa territorial puede pasar rápidamente de la tensión por una propiedad a escenarios de violencia extrema.
Y apenas tres meses después, el Gobierno vuelve a hablar de reforzar la presencia policial.
Grupos armados entran nuevamente en la ecuación
Velásquez sostiene que las autoridades investigarán los hechos recientes antes de determinar responsabilidades, pero adelantó que habrá una respuesta policial destinada a impedir nuevos episodios.
“Estamos tratando de primero investigar y llegar hasta las últimas consecuencias en el caso concreto y luego también disuadir con una fuerza policial fuerte para que no se vuelva a repetir este tipo de hechos”, expresó.
La misión que anuncian tiene dos frentes: frenar las invasiones de tierras y desarmar a los grupos armados.
No se trata únicamente de determinar quién reclama una propiedad o quién posee un título, sino de establecer quién controla las armas, quién financia a esos grupos y qué intereses existen detrás de su presencia.
Por ahora, Seguridad no identifica públicamente qué estructuras estarían relacionadas con los últimos enfrentamientos ni presentó evidencias que permitan atribuir hechos concretos al narcotráfico.
Lo que sí hizo el ministro fue colocar al crimen organizado dentro del diagnóstico de la violencia que golpea al Aguán.
El narco, otra sombra sobre el conflicto
La ubicación del Bajo Aguán convierte el señalamiento en un elemento especialmente sensible.
Colón es uno de los departamentos utilizados por estructuras dedicadas al tráfico de drogas, mientras las disputas agrarias mantuvieron durante décadas otro foco de conflictividad en el mismo territorio.
Velásquez aseguró que el fenómeno ocurre especialmente en lugares donde existe actividad criminal organizada.
La afirmación obliga, sin embargo, a separar dos fenómenos: que el narcotráfico tenga presencia histórica en la región no significa que cada ocupación de tierras o movimiento campesino esté relacionado con organizaciones criminales.
Precisamente ahí estará uno de los desafíos de las investigaciones anunciadas: determinar dónde termina el conflicto agrario y dónde comienzan a operar intereses criminales aprovechándose de él.
Más fuerza policial bajo la mirada de organismos de derechos humanos
El despliegue que anuncian llega además bajo cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos por la actuación policial durante manifestaciones y desalojos.
Velásquez aseguró que los agentes cuentan con protocolos nacionales e internacionales que establecen una aplicación progresiva de la fuerza.
Según explicó, primero deben agotarse la negociación, el diálogo y la disuasión. "Si esas medidas fracasan frente a personas que se resisten al cumplimiento de la ley, los policías están autorizados a incrementar gradualmente la fuerza, incluso mediante mecanismos no letales", señaló.
La advertencia adquiere mayor peso en el Bajo Aguán, donde una intervención policial no ocurre sobre un terreno neutral.
Ocurre en una región cargada de muertos, reclamos de tierras, denuncias de violaciones de derechos humanos y ahora, según el propio Gobierno, grupos armados y estructuras vinculadas al crimen organizado.
El Estado promete volver con más policías y desarmar a quienes alimentan la violencia.
Pero después de décadas de operativos, asesinatos y conflictos sin resolver, el verdadero reto será demostrar si esta vez podrá atacar algo más profundo que el siguiente enfrentamiento.
Porque en el Bajo Aguán la tierra es el motivo de disputa visible, mientras las armas y el narcotráfico amenazan con convertir nuevamente esa disputa en una guerra por el territorio.
Lea también: Asesinan a dirigente campesino en el Bajo Aguán, zona intervenida tras masacre
