Tom Homan, el denominado "zar fronterizo" bajo el mandato de Trump, sostuvo públicamente que el traslado de la niña de dos años hija de una hondureña, fue legal.
Según su versión, la madre de la niña firmó un documento aceptando irse con su hija, haciendo del drama una "decisión parental" y no una deportación forzada.
"La niña de dos años se fue con la madre. Fue una decisión de los padres, no del gobierno", insistió en un tono que buscó cerrar el debate.
Sin embargo, los documentos judiciales cuentan otra historia: abogados del Departamento de Justicia advirtieron que no pudieron concretar una llamada entre el juez y la madre, impidiendo una verificación directa del consentimiento alegado.
Mientras tanto, el padre de la menor rogó a la corte que se le concediera la custodia de su hija, intentando evitar que se consumara el error.
No es un caso aislado
La niña de dos años no viajó sola en ese vuelo rumbo a Honduras. Según registros, a otros dos niños ciudadanos estadounidenses también los deportaron junto a sus madres, entre ellos, un pequeño de cuatro años diagnosticado con cáncer en etapa 4.
Tom Homan, confrontado con este dato, respondió desconocer el caso. Para él, la responsabilidad recaía en los padres inmigrantes que, tras entrar ilegalmente, tuvieron hijos en Estados Unidos. "Tener un hijo ciudadano no los exime de cumplir nuestras leyes", sentenció.
Una afirmación que, para muchos, invisibiliza la humanidad de las decisiones que toman y el impacto irreversible en vidas inocentes.
Deportaciones apresuradas y errores de alto costo
Esta situación no es un hecho aislado, sino parte de una política de deportaciones rápidas que da lugar a graves errores.
Apenas el mes pasado, más de 230 hombres, la mayoría venezolanos, fueron deportados al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cectot) en El Salvador, un penal de máxima seguridad, pese a que una orden judicial prohibía su traslado.
Entre ellos estaba Kilmar Ábrego García, un salvadoreño residente legal en Maryland, a quien deportaron sin tener antecedentes penales.
El escándalo sacudió nuevamente la confianza en el sistema migratorio estadounidense.
Aunque la administración Trump justificó estas acciones bajo la arcaica Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, los cuestionamientos escalaron hasta la Corte Suprema.
Por ello, recientemente bloqueó temporalmente nuevas deportaciones desde centros de detención en Texas.
De interés: Juez detiene deportación a Honduras de niña de 2 años nacida en Estados Unidos
Defensores denuncian expulsiones sin garantías legales
Grupos defensores de migrantes y derechos humanos advierten que el gobierno estadounidense está llevando a cabo expulsiones sin garantizar un proceso legal adecuado, afectando no solo a migrantes, sino también a ciudadanos estadounidenses.
"¿Cómo podemos confiar en este gobierno si vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor y no solo en este caso?", cuestiona Michelle Méndez, directora del National Immigration Project, al denunciar la falta de transparencia en las deportaciones.
El abogado Gustavo Mora también señala serias irregularidades en el caso de la menor deportada a Honduras.
"Desafortunadamente están incluyendo a una niña que es ciudadana estadounidense. Esta administración no va a proteger a quienes están deportando", lamentó Mora.
Las decisiones
Cada historia de deportación no es solo una cifra o una estadística: es un hogar roto, un niño al que separan de su entorno.
En la narrativa oficial, se habla de "debido proceso" y "decisiones parentales", pero en las calles de Honduras, esas palabras no curan el trauma de los más pequeños.
Hoy, una niña de dos años regresó a un país que nunca conoció, mientras su padre, en algún rincón de Estados Unidos, lucha para traerla de regreso a su verdadera casa.
Y cada día que pasa, la distancia entre ellos no solo es geográfica, sino también emocional.
Una distancia sembrada por políticas migratorias que olvidaron lo esencial: que detrás de cada número, hay un corazón latiendo.
