En el programa de Frente a Frente de este 1 de julio, se analizó a profundidad un tema crítico para la estabilidad de miles de familias: ¿Tiene posibilidades reales la solicitud de Asfura de convencer a la administración de Trump de conceder una transición para los hondureños con TPS?.

El debate contó con la participación de Roberto Flores Bermúdez y David Hernández, embajador de Honduras y ministro de la Embajada de Honduras en Washington, respectivamente; Carmen Martínez, gerente nacional de Gestiones Aduaneras de la Dirección de Aduanas; y Menotti Maradiaga, dirigente de la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.

El debate se planteó luego que el presidente Nasry Asfura solicitara al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, establecer un período de transición para los hondureños afectados por la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS).

El llamado humanitario frente a una realidad política adversa

La postura del embajador se centró en la gestión diplomática basada en la sensibilidad humana. Según explicó, la petición liderada por el presidente Asfura no busca una extensión indefinida, sino un "espacio de transición" que permita resolver problemas de familias que han echado raíces en Estados Unidos por décadas.

El diplomático advirtió que, ante la postura estratégica de seguridad de la administración Trump y los fallos judiciales recientes, "la extensión es prácticamente descartable lo más que se puede aspirar es el aspecto humanitario".

Bajo esta premisa, la estrategia oficial es apelar a la "amistad" con el gobierno estadounidense para obtener un trato justo que evite un retorno traumático e inmediato.

Preparativos legales para lo casi inevitable

Ante el escenario de un fin del TPS, el gobierno ha promovido, a través del Congreso Nacional la Ley especial de facilitación de retorno y protección del patrimonio.

El embajador Flores Bermúdez destacó que esta normativa busca crear un "pequeño ecosistema" para los retornados, permitiéndoles ingresar al país su menaje de casa, vehículos y maquinaria de trabajo libre de impuestos.

Al respecto, el diplomático fue enfático al señalar que, mediante estas medidas, el Estado hondureño se está "preparando para lo casi inevitable", reconociendo que el margen de acción judicial en los tribunales estadounidenses se ha reducido drásticamente.

Inversión versus carencias estructurales

Por otro lado, Menotti Maradiaga, presentó una visión más crítica y pragmática sobre la capacidad de absorción de Honduras. Aunque coincidió en que "ya debemos dejar de exportar hondureños" y enfocarse en fortalecer la producción nacional, cuestionó duramente si existen las condiciones mínimas para recibir a los beneficiarios del TPS.

El dirigente contrastó el optimismo gubernamental sobre la inversión extranjera con la realidad operativa, señalando que "no podemos atraer inversión" si no tenemos energía, seguridad jurídica o educación técnica.

Además, alertó que sin fondos en el Banco de la Producción y Vivienda, la capacidad técnica y la maquinaria que traigan los compatriotas no tendrá dónde emplearse, dado el déficit habitacional y la falta de capitalización bancaria.

Ley especial de facilitación de retorno

La gerente de Gestiones Aduaneras de la Dirección de Aduanas, Carmen Martínez, resaltó las diferentes leyes de apoyo a los hondureños retornados desde EE. UU., como la ya mencionada Ley Especial de Facilitación de Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus familiares.

Martínez manifestó que con esta ley se pretende "establecer excepciones respecto a la importación de menaje, para que las personas puedan ingresar al país con todo el menaje de su hogar, incluyendo sus vehículos y maquinarias libres de impuestos".

Dejó claro que esta ley es para todos los hondureños que sean deportados o regresen voluntariamente desde Estados Unidos, ante la inminente cancelación del TPS.

El desafío de una reconstrucción nacional necesaria

Mientras el embajador Flores Bermúdez resaltó las gestiones con organismos como el DFC, el Banco Interamericano de Desarrollo y empresas como Starlink o PriceSmart para mejorar el clima de inversión, el empresario insistió en que el sector de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) vive bajo una "extorsión permanente".

El debate concluyó con una coincidencia necesaria: Honduras requiere una "reconstrucción" que pase por superar la polarización interna y garantizar servicios básicos como energía eléctrica, para que el retorno de los hondureños que han vivido más de 30 años en el exterior no sea una tragedia, sino una oportunidad de desarrollo compartida.

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