Largas filas de vehículos se reportaban a altas horas de la noche del lunes 9 de mayo en la carretera CA-5 a la altura del kilómetro 11 de la salida al norte de Tegucigalpa, capital de Honduras.

A tempranas horas de este día, transportistas de carga pesada paralizaron sus unidades por incumplimiento de tarifas, entre otras demandas a los empresarios, en diferentes puntos del país.

Pese a que los dirigentes del transporte de carga prometieron no obstaculizar el tránsito en el país, pasada las 10:00 de la noche del lunes 9 de mayo se registran tomas de ambos carriles en dicho tramo carretero.

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De acuerdo con lo informado por el periodista Mario Landa del noticiero Telenoticias de Canal 5, la toma de ambos carriles a la altura del cementerio Santa Cruz Memorial ha provocado largas filas de vehículos parados.

Además, indicó que a varios vehículos de emergencia (ambulancias) se les ha impedido la circulación debido a las medidas de presión que mantienen. Sin embargo, se informó que cada 20 minutos liberan el paso vehicular los transportistas de carga pesada.

Exigencia de los transportistas

El comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, dijo que la protesta de los transportistas no es directamente contra el gobierno de la República, sino para exigirle al sector privado que las pague la tarifa mínima de servicio, que actualmente ronda en 1.24 dólares por kilómetro recorrido.

"La lucha de ellos hoy en la calle es para pedirle al sector privado que les pague la tarifa mínima que establece la ley. Nosotros como gobierno desde el lunes de la semana pasada trabajamos un documento que fue revisado por todas las organizaciones del transporte, ya prácticamente está listo para suscribirse este día", afirmó el comisionado del IHTT.

De este modo, Barahona aseguró que dicha tarifa tiene alrededor de 10 años de vigencia, lo cual ha sido "casi imposible" de aplicar, ya que solo un 25 o 30 por ciento de los empresarios reconoce dicho monto.

"Hay una tarifa mínima, establecida en la ley desde hace casi 10 años, que ha sido imposible su aplicación, apenas un 25 o 30 por ciento de los empresarios lo están reconociendo, pero el resto de los empresarios se resisten a pagar esos valores", externó.